Ya acostumbrados a la apatía que han producido las últimas elecciones en Chile, es esperanzador el entusiasmo ante el plebiscito del 25 de octubre. Demuestra que sí hay interés por el camino que queremos construir para nuestro país. La Constitución está por sobre todas las leyes, ordena la convivencia, establece los principios que conducen un país y distribuye el poder. Hace tiempo los chilenos están exigiendo una nueva Constitución y no más reformas, o intentos fallidos de reformas. En 2012 comenzó el movimiento “Marca tu voto” y ya en 2015 el 76% de la ciudadanía creía que Chile necesitaba una nueva Constitución (encuesta Cadem). Razones para querer una nueva Carta Magna hay muchas, pero es indudable que después de 40 años nuestra mirada del mundo y sus necesidades han cambiado. No solo nuestra Constitución fue establecida en dictadura, sino que su contexto socio cultural y ambiental era muy diferente. Estábamos en medio de la guerra fría, había una crisis financiera generalizada en Latinoamérica y la religión católica tenía una fuerte influencia. Estos 40 años han sido de cambio frenético: internet irrumpió en las comunicaciones, transitamos a la democracia, se abrieron los mercados, comenzó la Globalización y una industrialización acelerada. Como sociedad y como individuos también somos diferentes, interconectados, más conscientes de nuestros derechos, receptores de migrantes y más abiertos a la diversidad cultural y de género. Parece lógico entonces que la Constitución refleje lo que hoy somos y cristalice una guía de lo que queremos ser. Los cambios también se han manifestado en el medioambiente, con un deterioro exponencial que hoy nos tiene inmersos en consecuencias como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el sobregiro ecológico. El Informe Global de Riesgos 2020 del Foro Económico Mundial señala que los cinco principales riesgos para el mundo tienen relación con el medioambiente y el clima. Chile no está exento de esos riesgos: 6 de 10 chilenos viven en una de las 20 zonas saturadas por contaminación atmosférica; estamos en el puesto 18 de los países con mayor estrés hídrico; además, 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático aplican a nuestro país. En el proceso de consultas ciudadanas realizadas en el proceso constituyente de Bachelet, uno de los 6 valores y principios priorizados fue el “respeto/conservación de la naturaleza o el medioambiente”. El año pasado, antes del estallido social, los medios informaban que el “74% de las personas cree que se debe cuidar el medioambiente, aunque aquello signifique frenar el desarrollo económico” (Encuesta Cadem, septiembre). Parece claro que la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático deben ser parte del nuevo traje que estamos en proceso de confeccionar. Y para su eficacia necesitamos viabilizar la participación ciudadana vinculante, descentralizar las decisiones ambientales, reconocer los derechos que emanan de pertenecer a un lugar, reconocer que somos un Estado Pluricultural, que los límites a la propiedad no solo derivan de su “función social”, sino también que la naturaleza impone límites y que la frontera de nuestros derechos está en los derechos de las futuras generaciones. Nuestro desarrollo, confort y futuro dependen de estas decisiones.