La
redacción de una nueva Constitución es una oportunidad de sentarnos a
discutir nuestros problemas y, eventualmente, solucionarlos. Si en este
camino logramos priorizar la democracia, el diálogo y los acuerdos,
aumentan las probabilidades de que el proceso constituyente tenga un
efecto sanador. Sin embargo, uno de los mayores riesgos es que suceda
justamente lo contrario: que la polarización y la violencia le ganen al
diálogo democrático, deteriorando aún más nuestra convivencia.
Aunque
parezca trivial recordarlo, una de las ventajas de la democracia es que
nos permite resolver nuestras diferencias de forma pacífica,
precisamente abandonando la violencia. En las democracias modernas, la
acción política consiste en persuadir y convencer a los demás, otorgando
razones que sustenten posturas políticas de cara a elecciones
periódicas. Por el contrario, la violencia como herramienta política
supone que cada cual tiene derecho a imponer por la fuerza su propia
visión o sentimiento de justicia, prescindiendo de si este es
conveniente o incluso correcto, suprimiendo el diálogo. Obviamente, esto
es inaceptable en cualquier comunidad cívica, ya que tornaría a la
política en un campo de batalla donde siempre se impone el más fuerte.
Es por este motivo que violencia y democracia no son compatibles.
En
base a lo anterior, resulta preocupante la dificultad de algunos
sectores políticos al momento de condenar la violencia. Hace algunas
semanas, una diputada del Frente Amplio disparaba la frase “¿Cómo
quieren que no lo quememos todo?” después de los hechos ocurridos en
Panguipulli, donde infraestructura que es fundamental para los
ciudadanos de dicha ciudad (como el Registro Civil y la Municipalidad)
fuera reducida a cenizas. Esta normalización de la violencia también se
ve reflejada en el proyecto de ley presentado a fines del año pasado por
un grupo de senadores de oposición, a través del cual se pretende
indultar a aquellos que cometieron delitos tan graves como incendios,
destrucción de propiedad pública y privada, porte de armas, entre otros.
Algunos alegan, además, que se trataría de “presos políticos”. Lo que
se desprende de este proyecto es que quienes cometieron estos delitos
estarían de alguna forma legitimados (por la supuesta “justicia” de su
causa) para imponer sus puntos políticos por la fuerza.
Pero
quienes apuestan por esta estrategia juegan un juego peligroso. Esperan
que la violencia caiga de su lado para poder imponer sus ideas, sin
mucha consideración respecto de los efectos que esto puede tener para
nuestra convivencia democrática. No está de más recordar que la tesis de
los “presos políticos” ha sido descartada, entre otros, por
organizaciones internacionales como Human Rights Watch y que el proyecto
de indulto ha sido criticado transversalmente por la Defensoría Penal,
el Poder Judicial y el Ministerio Público. La razón de esto último es
muy simple: aprobar un proyecto como éste implicaría validar la
violencia como herramienta política.
En
este contexto, la escalada de violencia que hemos visto durante el
último tiempo resulta preocupante de cara a la redacción de la Nueva
Constitución. De hecho, a esta altura a nadie le resulta difícil
imaginar que la Convención Constitucional pueda verse asediada por
grupos que, recurriendo a la fuerza, intenten imponer su pensamiento
político. Pero no es necesario recurrir a la ficción para entender que
este riesgo es real, ya que existe un ejemplo a la vuelta de la esquina.
Es el caso del proceso constituyente boliviano que derivó en la
Constitución promulgada en 2009. En dicho proceso, los constituyentes
fueron frecuentemente agredidos, existieron enfrentamientos que
terminaron con muertos y varios heridos y la Convención tuvo que ser
trasladada a un recinto militar para poder funcionar.
En
consecuencia, cuidar del proceso que va a derivar en la Nueva
Constitución resulta fundamental para su éxito. Esta responsabilidad
recae no solo en los partidos y los distintos actores políticos, sino
que también en aquellos que estamos postulando a la Convención
Constitucional. En ese sentido, es deber de los candidatos transparentar
a la ciudadanía cuál es su posición respecto a la violencia que hemos
visto, y si están de acuerdo o no con los dichos y propuestas impulsadas
por algunos de los partidos que los patrocinan, porque, como sucede con
todas las cosas que importan, es imposible estar bien con dios y con el
diablo.