Fue hace un año.
Fue aterrador y también un milagro.
“No hubo ni una
señal de alerta”, dijo Karen Padilla, profesora de Inglés del Colegio
Alemán, quien apenas días antes había llegado a vivir a aquel
departamento. “No hubo olor a gas ni nada sospechoso. Bajé a dejar a mi
hijo, le di sus instrucciones para ir al colegio, porque tiene espectro
autista, me despedí de él y me fui al trabajo como a las siete y media”,
comenta.
Pero
de pronto, poco antes de las ocho de la mañana, su departamento estalló
y las llamas y el humo se desataron por todo el tercer piso del. viejo
edificio entregado en 1972 y ubicado en
Avenida Bulnes de Punta Arenas. Hasta sus aceras, situadas a 30 metros
de distancia llegaron ventanales, peluches, ropa y otros objetos
arrojados por la explosión.
Las
gruesas paredes, propias de otra época, contuvieron en algo los daños y
ayudaron a sobrevivir a los moradores que, confusos y aterrados,
salieron rumbo hacia las escaleras.
Muy
pronto, un gran número de voluntarios de Bomberos llegó a socorrer a
las víctimas. Su oportuna labor fue vital para evitar una tragedia aún
mayor. “Frente a esta situación que ocurrió, puedo decir que no hay
personas lesionadas, habitantes del edificio”, pudo anunciar momentos
después Pedro Alvarado, comandante de Bomberos a cargo de la emergencia.
Karen
Padilla agradece que a esa hora el departamento estaba deshabitado,
pero lamenta que sus amados seis gatitos perecieron en el siniestro.
“Solo he podido encontrar los restos de dos de ellos”, señala.
A
la postre, el saldo es dramático, ocho familias lo perdieron todo, la
mitad de los 16 departamentos del edificio fueron destruidos y el 80 por
ciento de la estructura quedó dañada, informó Bomberos.
Las
investigaciones sobre las causas del siniestro serán realizadas por el
departamento Labocar de Carabineros, quien ha centrado sus
investigaciones en la mantención de las redes de gas del departamento
que es de propiedad del arquitecto Miguel García Cuevas y del edificio.
Iván
Mansilla, director regional subrogante de la SEC, declaró entonces,
“estuvimos realizando una inspección y todo apunta a que fue una
explosión lo que hubo ahí por las cosas que salieron despedidas del
edificio Se presume que es una explosión debido a una acumulación de
gas”.
PODRÍA REPETIRSE
Robinson Quelín, abogado y corredor de propiedades, conoce a fondo la realidad del mercado inmobiliario de Punta Arenas.
Sus
palabras son simples y preocupantes. “Estos edificios antiguos, de los
que hay varios en Punta Arenas, no están diseñados para tener una
organización común”.
Quelín
explica que el edificio no tiene siquiera una conserjería y muchas
veces, las comunidades tampoco están constituidas para abordar temas
como los gastos comunes y la mantención de servicios esenciales, como
por ejemplo, las redes de gas.
Quelín
agrega que “la SEC tampoco tiene el personal para fiscalizar los
edificios por su propia cuenta y en todos estos años nunca he visto que
lo haga”.
La
SEC indica que la responsabilidad de mantener las redes interiores tanto
de electricidad como de gas, es de los propietarios de los
departamentos. Pero, la mayoría de ellos están arrendados, indica Quelín
y no hay una conciencia entre los arrendatarios de la importancia vital
de esta materia, una conciencia que, en la práctica, sería la principal
fuerza para prevenir este tipo de situaciones. “La gente cuando busca
un departamento, nunca pregunta por el estado de las redes, solo
preguntan por el precio, la ubicación y la disponibilidad”, dice.
– No hay fiscalización, no hay conciencia, ¿podría repetirse esta tragedia?
“Sí, perfectamente”, dice.
La conversación ocurrió el jueves. Pronto, nuevos antecedentes salidos a la luz confirmarían la gravedad de estas afirmaciones.
SEC
Iván
Mansilla, director regional (s) de la Super-intendencia de Electricidad
y Combustibles Magallanes, explicó entonces en relación al edificio
siniestrado: “Ese edificio no tenía la inspección periódica, no tenía el
Sello Verde. Nosotros les habíamos comunicado la situación, pero no
recibimos nunca una respuesta de parte de ellos, de la comunidad”.
Mansilla
agregó a su vez que la falta de administración legal, bajo ley de
copropiedad, genera problemas. “La problemática que muchas veces se
produce con estos edificios, es que no tienen una administración legal,
de acuerdo con la ley de copropiedad. Uno no tiene a quién dirigirse
para hacer ver la situación. Lo único que nos queda es comunicar pegando
en los accesos la situación que se podría producir de riesgo, al no
sacar el Sello Verde”.
Por
otro lado, para lograr la certificación del edificio no necesariamente
todos los departamentos tienen que estar con Sello Verde, ya que pueden
ocurrir situaciones en donde algún departamento haya quedado vacío, o
sin utilizar por un tiempo prolongado.
Para
estos últimos casos se pega un Sello Rojo, que indican instalaciones
potencialmente peligrosas y que ponen en riesgo la seguridad de las
personas y bienes.
La
reglamentación establece porcentajes de departamentos que pueden estar
con Sello Verde y así el edificio certificar con un Sello Verde general.
“Lo primero es que la gente se organice, lo ideal es que se revisen las
instalaciones por parte de un instalador autorizado y solo ahí
contactarse con las empresas certificadoras de sello verde”.
Además,
la autoridad explicó que “es necesario contar con el Sello Verde OK, el
cual certifica, por un período de dos años, que las instalaciones son
seguras y no presentan riesgos para las familias ni los bienes. En caso
de necesitar algún cambio o reparación en estas redes, los trabajos
deben ser efectuados por instaladores autorizados por la SEC”.
UNIRSE, TRABAJAR
Lo
ocurrido en este edificio es una advertencia, para una región como
Magallanes que, como ninguna otra en Chile, depende del gas para vivir.
Una
nueva ley de copropiedad fue promulgada en marzo del año pasado.
Establece medidas para exigir el pago de gastos comunes, regula la
administración de los condominios, crea nuevas instancias de
reclamación, normas antidiscriminación y exigencias para vender un
inmueble. Es un comienzo para un trabajo que puede salvar muchas vidas
en Magallanes.
Porque en lo ocurrido no es un simple accidente, ahí hubo una negligencia que es parte de una irresponsabilidad.
SOLO TRES
Desde
entonces, sólo tres de los ocho departamentos han vuelto a ser
ocupados. Sus ocupantes eran sus dueños y pudieron repararlos.
Los restantes estaban destinados
a arriendo y fue en uno de ellos donde se produjo el estallido,
producto, según las múltiples pericias realizadas, del deterioro en que
habían quedado sus instalaciones en los últimos meses, por parte de su
dueño.
La
arrendataria, quien había llegado hacía poco al departamento, debió
enfrentar meses muy duros tras la pérdida de todos sus bienes.
Otra
ocupante y también arrendataria, Flor Cadegan, recuerda que hasta ahora
son pocos los avances que hay en el edificio y que los cinco
departamentos que estaban para arriendo, incluido el que ella ocupaba,
contiguo al del estallido, siguen abandonados.