La causa lleva más de cuatro años de proceso. Ello, pese a que la resolución fue rápida: el Tribunal de Contratación Pública (TCP) se demoró cerca de ocho meses en determinar que la licitación del servicio de recolección de basura de la comuna de Punta Arenas -licitado durante la administración de Vladimiro Mimica y adjudicado a la empresa Servitrans S.A.- había sido ilegal y ordenó retrotraerla.
Han pasado 35 meses desde que la corte entregara su último veredicto -en el que, luego de que el municipio relicitara y volviera a adjudicar a la misma empresa, ordenó declarar ilegal la nueva licitación y el nuevo contrato- y, según dictaminó la corte esta semana, aún no se ha acatado el fallo.
“Ellos han dilatado esta situación con recurso tras recurso y han sido bastante ingeniosos”, dice el abogado demandante Ricardo Leal, quien representa a la empresa Recotrans S.A., que también participó del proceso licitatorio hoy declarado ilegal. “Sin embargo, han perdido todos los recursos que han presentado, que han sido por lo menos siete, incluso ante la Corte Suprema”, agregó.
La dilación que percibe el profesional llegó a un punto cúlmine esta semana, cuando el TCP emitió un dictamen en el que concede “un último plazo de 15 días hábiles” para llevar a cabo la resolución; de no hacerlo, la corte anuncia que haría cumplir los castigos contemplados en la ley, en este caso “el arresto del Sr. alcalde, Emilio Boccazzi Campos”.
“La empresa Recotrans S.A. interpuso una demanda ante el TCP y la ganó”, insiste Leal. “La corte ordenó a la municipalidad dejar sin efecto el contrato y la adjudicación a Servitrans S.A. y volver a licitar, eligiendo entre las empresas que cumplían con las bases, que eran todas menos Servitrans. La Corte de Apelaciones ya confirmó ese fallo”, agrega.