Una
nueva derrota sumó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric luego de
que la sala del Senado rechazara la nominación de Marta Herrera como
fiscal nacional, por lo que nuevamente se cae la carta del Presidente
Gabriel Boric, que ahora deberá buscar una tercera propuesta.
La
directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del
Ministerio Público requería de 33 votos a favor para ser electa, pero
sólo obtuvo 26. Asimismo, hubo 11 votos en contra y 9 abstenciones.
Desde
el Senado señalaron que la candidata no era óptima para el cargo. Esto,
ya que había formado parte de las cúpulas directivas y de confianza del
exfiscal nacional Jorge Abbott, por lo que su liderazgo sería
“continuismo”.
Tras
esta nueva derrota del Gobierno, personeros políticos y abogados
apuntan sus dardos hacia los ministros de Estado, quienes son finalmente
los que aconsejan al Mandatario en la elección de la carta a presentar.
El
abogado y expresidente regional de la UDI Hernán Ferreira expresó que
“el rechazo de Marta Herrera, además de ser una crónica de un rechazo
anunciado, revela una torpeza más del actual Gobierno. Declaraciones de
senadores que señalaron que el Gobierno no habló con ellos previo a la
designación de la candidata, lo que resulta insólito. Cabe preguntarse
si tanta ineptitud es fruto de la falta de política (quién lo diría), o
es parte de un plan trazado para imputar al Senado y a la Corte Suprema
la traba en la designación de tal alto cargo, y finalmente se nomine
como fiscal nacional al abogado Ángel Valencia, quien es compadre del
presidente del Senado (Álvaro Elizalde). Como sea, el Gobierno muestra
una insensibilidad pasmosa al no presentar un candidato a fiscal
nacional que genere el consenso suficiente, de manera que el país no ha
podido tener a un persecutor que se ocupe de la gravísima crisis de
seguridad y delincuencia que azota al país”.
Por
su parte, el abogado oficialista y excandidato de Convergencia Social
Carlos Abarzúa apuntó la responsabilidad a la ministra de Justicia,
agregando que “mucho ego, nadie entiende y a estas alturas bien poco
importa esta designación a la ciudadanía. Este segundo intento fallido
es abiertamente una derrota para la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y
para Ana Lya Uriarte (Segpres), quienes se descapitalizan haciendo
pagar otro costo al Gobierno, que ya no tiene a quién culpar”.
Finalmente,
el joven abogado magallánico Rodolfo Arecheta dijo que “el Ejecutivo
está enfrascado en un gallito político con el Senado, proponiendo
nombres inviables, lo que ha significado dejar sin cabeza a la
institución encargada de perseguir los delitos en nuestro país. Todo
esto, en el contexto de la peor crisis de seguridad de la que tengamos
recuerdo. Como es evidente, los que pagan el precio son los ciudadanos
que deben convivir diariamente con la delincuencia. Se ha insinuado que
esto sería una estrategia política para hacer correr la lista de fiscal
nacional, forzando la inclusión de alguno de su conveniencia, socavando
de paso la imagen del Senado y la Corte Suprema. Sin embargo, esta no
parece una buena estrategia. La ciudadanía requiere soluciones urgentes
en materia de seguridad y lo único que hace el Gobierno es demostrar
incapacidad política de proveer estas soluciones”.
Arecheta
culminó diciendo que “podrían incluso existir responsabilidades
políticas que involucren a más de un ministerio. La más evidente, la de
la secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, que ha sido
incapaz de alcanzar acuerdos en el Congreso. Pero también está
involucrada Carolina Tohá, ministra del Interior y encargada de la lucha
contra la delincuencia, quien debe desplegar una política de seguridad
con una Fiscalía acéfala y en medio de amenazas de un paro de fiscales.
En ambos casos podríamos estar frente a la causal de notable abandono de
deberes, la cual puede dar pie a una acusación constitucional”.