Exactamente 560 días quedan para que finalice el contrato
entre la Municipalidad de Punta Arenas y la empresa Servitrans por el servicio
de recolección de basura domiciliaria de la comuna.
Llegar a este punto no ha
sido fácil en términos legales. Tras una demanda liderada por la empresa
Recotrans -que participó en la licitación del servicio y no fue elegida para
prestarlo-, el Tribunal de Contratación Pública declaró que la adjudicación a
Servitrans fue ilegal y arbitraria, por lo que ordenó dejar sin efecto el
decreto alcaldicio y el contrato.
A un año, seis meses y doce días de que se cumpla la fecha
de término del mismo, el municipio está ad portas de ejercer una nueva acción
legal, luego de que el TCP insistiera en que la sentencia no ha sido cumplida y
advirtiera que, de no acatarse en un plazo de 15 días hábiles, se emitiría una
orden de arresto contra el alcalde Emilio Boccazzi.
Ello, pues el jefe comunal dejó sin efectos los documentos
exigidos por el fallo, pero luego acogió un reclamo de ilegalidad de
Servitrans, manteniendo el servicio. La corte determinó que Boccazzi actuó
“careciendo de atribuciones para entrar a calificar lo establecido” en los
fallos del tribunal.
Frente a ello, la defensa
del municipio -llevada a cabo por el estudio jurídico Pfeffer y Asociados, en
conjunto con el asesor de la municipalidad, Rodrigo Henríquez- ha decidido
elevar el caso al Tribunal Constitucional.
El argumento sería que el
último dictamen del TCP niega facultades que el alcalde tiene, según la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente para haber resuelto
el reclamo de ilegalidad de la empresa.
Desde el municipio
aseguran que hay esperanzas de que la presentación ante el TC pueda dar cierre
definitivo al fallo, pero que, de ser negada la solicitud, se habrá ganado
tiempo para dar cumplimiento al contrato.