El
exdiplomático y analista internacional, Jorge Guzmán, destacó ayer que
la región de Magallanes debe ser incluida en el nuevo ordenamiento
jurídico que se está trazando a la luz de la nueva Constitución.
Aunque
para ello, primero, es fundamental reconocer en la futura Carta Magna a
la provincia antártica, algo que permanece aún en duda, y que considera
imperativo ya que de no hacerlo, “se debilita profundamente la defensa
de los derechos de Chile en ese territorio”, afirmó.
–¿Y qué papel jugaría Magallanes en todo ello?
“Es
evidente que el Gobierno Regional debería, a lo menos, ser reconocido
como Operador Antártico en la ley: Hoy no lo es. El mandato
constitucional obligaría a enmendar la ley para reconocer al Gore las
atribuciones de operador, esto es, a tener un programa antártico propio.
Ello permitiría que desde Magallanes se ejercitará la continuidad
geo-histórica, para comenzar. Luego está la cuestión de los reglamentos
contemplados en la ley (Estatuto Antártico), en los cuales, otra vez, el
GORE debería tener presencia y ser reconocido como actor principal.
Esto aseguraría que el interés regional está convenientemente
resguardado. Sin un mandato constitucional, otra vez, en reglamentos
inconexos y abstractos nuestra tradición antártica y nuestros derechos
polares y subpolares se diluirán en un universo de consideraciones
técnicas e ideológicas, que terminarán por afectar a nuestros derechos”.
Agregó
que “La Antártica y el Mar Austral Circumpolar son materia del apetito
de potencias del hemisferio norte (no solo China). No solo el enfoque en
la explotación de los recursos pesqueros, sino la ya existente cuestión
de los reclamos de plataforma continental al interior del área del
Tratado Antártico son cuestiones políticas y geopoliticas, no
simplemente ‘legales’. Este último caso ilustra el complicadísimo
problema del conflicto entre la normativa del Sistema del Tratado
Antártico y la normativa de la Convención del Mar (Derecho
Internacional) al cual, en el futuro cercano, se agregara la cuestión in
crescendo de la minería en los fondos marinos, es decir más allá de las
jurisdicciones nacionales y en todas las regiones del mundo, incluida
la Antártica y el Mar Austral”.
Agregó
que “La Constitución debe contener una norma que nos obligue a seguir
el desarrollo de estos fenómenos, para estar preparados para defender
con eficacia nuestros derechos centenarios en el sur más lejano del
planeta”.
Territorio especial
Cabe
recordar que la Comisión Experta no incluyó a la provincia antártica
dentro de los territorios especiales, como sí lo hizo con Rapa Nui, lo
que generó todo tipo de especulaciones, incluso, a nivel internacional.
En
cambio, la mayoría de los constituyentes acordaron incluirla en el
nuevo texto que será votado en los próximos meses, algo que Guzmán
considera imperativo.
“Pienso
que este es un asunto político y por extensión geopolítico, no una
cuestión técnico-jurídica. La experiencia demuestra que, sin una norma
constitucional, en lo que se refiere al territorio y sus recursos
naturales, las políticas públicas (y los dineros públicos) se dispersan y
con ello debilitan nuestro derechos. El caso más dramático es el de la
política exterior, que opera como una suerte de virreinato de la Cancillería respecto del territorio nacional al sur de los 60º sur (área del Tratado Antártico). En la práctica,
esta enorme región de Chile es gobernada por funcionarios sin
conocimiento profundo de las cuestiones que tiene que ver con nuestros
derechos. Esos funcionarios, además, rotan cada uno o dos años entre
embajadas, un puesto en Santiago y otra embajada. El resultado es falta
de consistencia en la defensa de nuestros derechos. Por ello la
Constitución debe contener una mención a la Provincia Antártica, que se
inicia en el extremo de Tierra del Fuego, no solo al área del Tratado.
Aquí lo que importa es ejercer y ejercitar la continuidad de nuestro
territorio. Es claro que mientras el Tratado Antártico esté vigente, las
pretensiones territoriales de otros países están “Congeladas”. No
obstante, nada garantiza que el Tratado esté vigente ad eternum.
Difícilmente ocurrirá. Por ello, Chile debe ocuparse de gobernar ese
espacio, y no solo reducirlo a ‘un cuadrito’ en los mapas con los que
se enseña geografía de Chile a los niños. Este territorio tampoco puede
ser reducido a la protección del medio ambiente, como proponen algunas
ONG que, a la larga, aspiran a la internacionalización de la Región
Polar Austral. Los únicos que pueden garantizar esa protección son los
Estados: las ONGs no tiene recursos para contar con flotas, bases,
aviones, etc. El estado Chileno tiene una responsabilidad ambiental
gigantesca con su territorio de la Provincia Antártica, pero para ello
tiene que gobernarla en serio. Sin una obligación constitucional eso no
ocurrirá. Esa es, a mi juicio, la importancia del asunto”.