Ayer comenzaron a llegar a la ANEF regional los primeros casos de despidos de personal a contrata en los servicios públicos.
Se trata, según la presidenta de la asociación gremial, Jessica Bengoa, de tres trabajadores que se desempeñaban en seremías, las que prefirió no identificar por ahora, mientras no tengan certeza que las desvinculaciones corresponden a actos arbitrarios.
“Hasta la fecha (ayer) hay tres presentaciones en la ANEF, las cuales van a ser evaluadas caso a caso, porque nosotros tenemos que determinar en relación con los antecedentes si es que es posible la defensa o no”, puntualizó Bengoa.
La dirigenta agregó que “posteriormente solicitaremos las audiencias correspondientes a las autoridades que correspondan estos servicios y la autoridad regional como representante máximo, para poder revertir la decisión, en el caso que así sea”.
Evaluación
Bengoa precisó que “entre hoy día (ayer) y mañana (hoy) evaluaremos los casos que se presenten y con posterioridad iniciaremos las gestiones pertinentes”.
La presidenta de la ANEF señaló que “las renovaciones debiesen ocurrir cada 30 de noviembre, pero muchas veces, si es que hay alguna licencia, llegan por carta certificada. Por eso esperamos un tiempo prudente, para poder corroborar con nuestros dirigentes que no se presente ningún otro caso en particular. No se pueden descartar aún nuevas apariciones”.
Consultada respecto de los criterios que utiliza la entidad gremial para evaluar los casos, respondió que “tenemos que revisar que no haya sumarios, faltas a la probidad administrativa u otra situación, para sobre esa base determinar si es un despido arbitrario. Además, existen instrucciones claras del Ministerio de Hacienda acerca de cómo se debe proceder en las renovaciones de las contratas”.
Criterios objetivos
En el oficio circular N° 26, del 21 de noviembre pasado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, especifica claramente que “las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes”.
En los ocho puntos que contiene el documento no se deja nada al azar respecto del procedimiento que se debe adoptar en esta situación.
En su segundo acápite, el oficio explicita que “los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los/as funcionarios/as, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución”.