A fines de la semana pasada se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece que el terreno de 20 hectáreas, emplazado entre Puerto Aysén y Chacabuco, está habilitado para operar como zona franca. Sin embargo, la discusión hoy se centra en las condiciones en que será entregado dicho espacio comercial.
“Hemos tenido varios problemas con el municipio de Aysén y otra voces involucradas. Quieren que el Estado comience con la urbanización del recinto, antes de que incluso se haga la licitación. Vale decir, lo que ellos piden es que asumamos el costo del cierre perimetral, el acceso, la electrificación, el agua, etcétera. Todo lo cual está prohibido en la legislación, porque nuestra Constitución Política y nuestro Estado determinan que la acción empresarial corresponde a los privados. Nosotros como Estado no hacemos negocios. Y es llamativo, porque lo pide gente que es de derecha, que de por sí es más proclive a la acción empresarial. Pero bueno, lo hemos tenido que explicar en muchas oportunidades, incluso por escrito, sin embargo, aún existe la porfía de que el Estado haga la inversión”, dijo Christián García, seremi de Hacienda de Punta Arenas y Aysén.
Agregó que “no veo una razón técnica, objetiva, real, de fondo, salvo que se quiera retrasar la puesta en marcha del proyecto de zona franca, de que existan algunas voces que quieren que el Estado sea quien haga la inversión inicial, cuando lo único que generaría aquello es que no se pueda avanzar”.
Por su parte, el alcalde de Aysén, Óscar Catalán, ha manifestado en medios de su región que “nuestra zona franca no es la de Iquique ni la de Punta Arenas. Tendrá menos visitantes y compradores, por lo que, si todo lo requerido para implementarla se le exige a los interesados en concesionarla, es muy posible que tales interesados no existan, por lo que el Estado debe hacer inversiones previas”.
Estatus del proyecto
Desde 2004 que la Región de Aysén es zona de extensión de la zona franca de Punta Arenas, es decir, pueden comprar artículos en el recinto de la capital de Magallanes y utilizarlos en su región. Sin embargo, a fines de la semana pasada se publicó el decreto que establece que el terreno adquirido en Puerto Aysén, que tuvo un costo de 800 millones de pesos y que cuenta con 20 hectáreas, ya se puede utilizar como zona franca.
Con la publicación de ese decreto, ahora se trabaja en la confección de las bases de licitación para operar en la zona, las que deberían ser publicadas como concurso internacional en octubre de este año. Luego de eso, tras un periodo de aproximadamente seis meses, en los cuales los interesados presentarán sus proyectos, se definirá quién se hará cargo de la administración y explotación comercial del recinto. Eso se espera que ocurra en marzo o abril de 2018, con lo cual ya se podría comenzar a construir.
Implicancias para Magallanes
Consultado el seremi de Hacienda, Christian García, sobre las consecuencias que este nuevo recinto franco tendría para la comunidad magallánica, respondió que será “un impacto positivo. Se transformará en un nuevo foco de consumo al detalle, tanto de los habitantes de la región como de los extranjeros que cruzan la frontera. Y va a permitir que las empresas que ya tienen la logística armada y que ya operan en Punta Arenas, puedan abastecer a los que estén en la zona franca de Aysén, incluso pueden establecerse allá. Además, la concesionaria del recinto de Punta Arenas podría perfectamente participar en el proceso de licitación que se abrirá en octubre”.