Jóvenes, personas con capacidades especiales
y adultos mayores se desempeñan en esta labor a base de propinas, situación que
comienza a variar tras hacerse efectivo el decreto municipal.
En Punta Arenas hay más de 500 jóvenes, un
centenar de discapacitados y una nada despreciable cantidad de adultos mayores
que han hecho del empaquetado su fuente laboral. Sin embargo, la nueva
ordenanza municipal -que comenzó a regir el pasado 23 de enero- ya comenzó a
impactar en sus bolsillos.
Uno de los afectados es Carlos, un joven de
18 años quien trabaja hace siete meses como empaquetador en un conocido
supermercado del sector norponiente de la ciudad. Oriundo de Puerto Natales,
señala que él está de “acuerdo con la ecología”, pero con voz aguda pregunta
“¿quién se preocupa por nosotros?”. Añade que él es el sostenedor de su familia
y que todo lo que a diario recauda es para comprar leche, pan y algunos
víveres. “Mi madre está cesante y con problemas de reumatismo”, enfatiza, por
eso dice que resultan importantes los 8 mil pesos que percibe a diario y que
estima disminuirá en un 70%. “Yo y muchos de mis compañeros nos sentimos
cesantes y sin protección laboral”, lamenta.
Consultado sobre el tema, el concejal Vicente
Karelovic, dijo que “lamentablemente es una realidad. Estas personas van a
quedar sin pega, son varios de cientos y a nadie parece preocuparle. El alcalde
ha sido cómplice, porque se ha preocupado solamente de los grandes intereses,
no de esta gente”.
La medida no se ha implementado en la
totalidad de los supermercados, lo que se pudo apreciar ayer durante un
recorrido por diversos establecimientos comerciales de Punta Arenas.