El tema de la seguridad no ha dejado de escalar en la preocupación de la ciudadanía, al punto que el propio Presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional, el cual está integrado, entre otros, por los principales jefes de las Fuerzas Armadas, un paso que la izquierda siempre rechazó dar.
Sin embargo, la seguridad ciudadana tiene muchas aristas y una de las más importantes es la situación carcelaria, cuya postergación puede traer graves consecuencias, como ocurrió en Ecuador.
Presidente regional PS
Al respecto, el exseremi de Justicia y presidente regional del Partido Socialista, Pablo Bussenius, declaró: “Personalmente, veo lejano que lo sucedido en Ecuador pueda replicarse en un corto plazo en Chile. Sin embargo, no podemos ni debemos confiarnos”.
El abogado reconoce que “uno de los principales problemas que enfrenta nuestro sistema carcelario es la situación de grave hacinamiento actualmente existente, donde la cárcel pasó de ser una escuela del delito a un verdadero centro de operaciones para el mismo”.
El exseremi de Justicia sostiene que, frente a esta situación, “se requiere invertir con sentido de urgencia en mayor infraestructura, más cárceles, que permitan segregar de manera eficaz y trabajar en serio en materia de reinserción social. Asimismo, debemos ser inflexibles y sancionar severamente cualquier atisbo de ‘corrupción’ dentro de los operadores del sistema y, finalmente, repensar la medida de la prisión preventiva donde hoy existe un abuso en su aplicación”.
Pero hay una condición previa que no se ha cumplido, sostiene.
“Todo lo anterior requiere de recursos, por lo que cuesta entender que la derecha no esté disponible para una reforma tributaria que permita hacer frente a éste y otros desafíos urgentes que tenemos como país. El resto es demagogia o populismo”.
Abogado Srdanovic Arcos
El abogado Juan José Srdanovic Arcos, en cambio, propone la creación de un estatuto especial de normativas para los delitos que atentan contra la sociedad en su conjunto, los cuales según explicó son tres: los delitos terroristas, las organizaciones criminales y los delitos de corrupción.
En el caso de estos delitos, explica que se trata de organizaciones criminales, muchas de ellas internacionales, “y cuyo objetivo es atentar contra la sociedad en su conjunto”.
Srdanovic advierte que el poder de estas organizaciones criminales es incluso mayor que el del Estado y que, por lo tanto, son capaces de torcer a su favor las normas vigentes de derechos humanos, muchas veces, incluso con la complicidad con actores dentro de las instituciones que debieran velar por la seguridad de los ciudadanos.
El abogado, quien se encuentra haciendo un magíster sobre la materia, enfatiza el peligro de aplicar a los integrantes de estas organizaciones criminales las mismas garantías de las personas comunes y corrientes, por cuanto tienen la capacidad para torcer las normas, infiltrando las instituciones de la seguridad.
Ante ello, enfatiza la necesidad de impulsar estos cambios a través de un diálogo entre el Congreso y los exintegrantes de la Corte Suprema, por ejemplo, para establecer no sólo una nueva normativa, que facilite el combate legal contra estas organizaciones criminales y nuevas fuerzas del Estado especializadas en la materia.
Sobre la situación carcelaria en nuestro país y también en nuestra región, el abogado explica que ésta se ha vuelto cada vez más crítica, debido a la escasez de personal, que obliga al personal de Gendarmería a continuar su jornada de trabajo durante el día, a pesar de haber cumplido un turno de toda la noche, “lo que va en contra de las normas internacionales que regulan el trabajo en la noche”, expresó.
A esto se suman, añadió, la falta de profesionales adecuados para atender a la población penal, por ejemplo, en materia de salud mental. “En la cárcel de Punta Arenas, no hay un siquiatra que trabaje en su interior de modo permanente”, advierte, algo que el profesional considera especialmente grave, pues a su juicio muchos de los reos, sobre todo aquellos que cometen los delitos más graves, sufren patologías mentales que deben ser evaluadas y tratadas.
Con todo, se mostró pesimista que estos cambios legales lleguen a ejecutarse, debido a su desconfianza por la actual clase política.