En la recta final se encuentra el caso judicial que la Municipalidad de Punta Arenas tiene ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP). El jueves pasado, la Corte emitió una resolución en la que solicita al secretario general determinar si existen diligencias pendientes o si existen las condiciones para tomar una decisión.
El caso nació por una denuncia interpuesta por el banco Corpbanca en contra de la Municipalidad de Punta Arenas el 5 de marzo pasado. En su presentación, la entidad financiera acusaba que la licitación del servicio de cuentas corrientes del municipio -que se desarrolló durante el verano pasado- fue otorgada a una entidad que no cumplía con las bases técnicas de la licitación.
Su argumento fue que, durante la fase de preguntas y respuestas, el municipio explicitó que los cajeros automáticos que formaban parte del contrato debían tener un fondo fijo de $ 200 mil; dicha especificación fue incluida textualmente en la oferta presentada por Corpbanca; ello no ocurrió en el caso de la oferta ganadora.
“La oferta ganadora no manifiesta que dará cumplimiento al fondo fijo y por lo tanto no cumplió con las bases de licitación”, manifestó la demandante ante la Corte.
Por su parte, la defensa del municipio, llevada adelante por el asesor jurídico Rodrigo Henríquez, argumentó que el monto de los $ 200 mil no fue parte de los requerimientos que revisó la comisión evaluadora y nunca fue una prioridad en el proceso. “El fondo fijo no formó parte de la evaluación. La demanda se funda en una interpretación errónea de las bases de licitación”, argumentó el municipio durante el proceso ante el TCP.
Testimonios
Parte de las pruebas presentadas ante el TCP fueron los testimonios de los funcionarios municipales que participaron de la evaluación técnica y económica de las ofertas. Pese a que fueron tres los citados, sólo una -la ex administradora municipal Eliana Astorga, recientemente desvinculada por el alcalde Emilio Boccazzi de su rol como jefa de Control de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa)- presentó su testimonio.
Ya en abril de este año, Astorga había dicho a Diario El Pingüino que concordaba con la opinión de la entidad demandante, puesto que la oferta ganadora “debió quedar fuera”.
Entre los antecedentes, se encuentra también un dictamen de Contraloría que cuestionó la forma en que se llevó a cabo la licitación, principalmente debido a que el municipio evaluó ofertas económicas para un fin distinto que el del servicio licitado, como aportes para actividades culturales de la comuna.