En
febrero de 2015, la revista Qué Pasa publicó un reportaje llamado “Un
negocio Caval”, donde expuso que la sociedad Exportadora y de Gestión
Caval Limitada, propiedad de Natalia Compagnon —esposa de Sebastián
Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet— había recibido un
crédito por parte del Banco de Chile por más de 10 millones de dólares,
el que fue aprobado por la entidad financiera el 16 de diciembre de
2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en la segunda
vuelta de la elección presidencial. Dicho préstamo estaba destinado a la
compra de un terreno en Machalí, con el objeto de revenderlo para
desarrollos inmobiliario.
Más tarde se conocería que la operación fue propuesta por la pareja en una reunión con el propio Andrónico Luksic.
Aunque
no hubo involucrado un solo peso del dinero público, el escándalo fue
de tal magnitud que el segundo gobierno de Michelle Bachelet nunca se
recuperó de él. El hecho que tamaño préstamo no tuviera más respaldo que
el resultado de la elección presidencial de la mandataria, mostró a
millones de chilenos desde Punta Arenas hasta Arica, cómo el poder
político podía acceder a privilegios económicos que millones de chilenos jamás lograrían, pese a su esfuerzo.
Lo ocurrido con el Caso Fundaciones es parecido, pero peor.
Como
explica el abogado Dagoberto Reinueva, exmiembro del Consejo de Defensa
del Estado en Magallanes, a propósito del caso Democracia Viva en
Antofagasta, “aquí hubo fraude al Fisco”. Según explica, esto significa
que se montó una escena para aparentar una realidad aparente, que era
ayudar a los más pobres, la gente de los campamentos y de esta forma,
encubrir una realidad delictual, que era la ganancia para los
involucrados.
¿Y cómo se hacía?
Todo
indica, agrega el abogado, que se exageraban los costos para aumentar
el presupuesto que el Estado debía pagar. La prueba es que un proyecto
por $400 millones y que decía tener un 30% de avance, es decir unos $130
millones en inversión, apenas podía exhibir unos depósitos plásticos,
una red húmeda sin terminar y dos a cuatro carteles de emergencia, como
únicos avances.
Y
surge la duda: ¿Por qué el Ministerio de Vivienda querría apoyar con
recursos de esa magnitud un proyecto que buscaba establecer a las
personas en los campamentos, cuando lo que el gobierno ha dicho es que
busca, precisamente, erradicarlas de esos mismos campamentos?
Una
cruel respuesta la da el comentarista Tomás Mosciatti, quien afirma que
Democracia Viva y otras como ella, son o se han convertido en brazos
políticos de organizaciones políticas.
Mosciatti
recuerda el modelo inspirador del Frente Amplio: la coalición política
española Podemos. El diputado Íñigo Errejón, uno de sus principales
líderes, expuso en Chile en 2017. Allí, dio cuenta de la precariedad de
los partidos para hacer política y la necesidad de levantar
“asociaciones” populares, palabras que en Chile se tradujo en la
creación o captura de fundaciones con fines políticos.
Según
Ex-Ante, Errejón dijo: “No estoy hablando de grandes construcciones
retóricas, hace falta que para cuando los ayuntamientos (municipios) del
cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables,
enraizadas y con poder en cada distrito; hace falta que haya clubes de
montaña y agrupaciones juveniles, que haya más espacios culturales de
autoorganización; hace falta que estén enraizadas las casetas populares
en todas las fiestas, que haya asociaciones deportivas entre sí. Hace
falta que haya una estructura económica autonóma que vaya a permitir
acoger a buena parte de los cuadros militantes que hoy se están
dedicando a trabajos institucionales”.
De
ahí, la necesidad y hasta obsesión por generar tantos recursos y que no
sería otra que mantener a la militancia acogida y bien remunerada,
mientras se construye el proyecto político de igualdad desde el gobierno
o fuera de él, aunque sea a costa de usar a los más vulnerables como
bandera, advierte Mosciatti.
De ahí la necesidad que los recursos sean destinados a dedo, a ciertas personas, militantes de ciertos partidos.
Con
el paso de los días, el escándalo solo ha crecido y, como en el caso
Caval, el gobierno se ha visto paralizado ante los durísimos
cuestionamientos a las figuras más cercanas al Presidente Boric, como es
el líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, partido al que
pertenecen buena parte de los involucrados en el caso Democracia Viva, o
bien, incluso a quienes el Mandatario intenta blindar como ocurrió con
el seremi de Vivienda del Maule, quien cayó al día siguiente de recibir
el respaldo presidencial.
Lo
peor de todo, es que organizaciones que se han ganado un prestigio, a
costa de genuina y extraordinaria vocación, como el Centro de
Rehabilitación Cruz del Sur en Punta Arenas y tantas otras, también
podrían verse perjudicadas, injustamente.
Ello porque en lo
inmediato, la Contraloría ordenó suspender todos los procesos de toma de
razón del Estado con las fundaciones para convenios por sobre 200
millones de pesos, situación que podría afectar incluso a la Corporación
de Rehabilitación Cruz del Sur, que depende de un proceso de este tipo
para recibir los recursos que recibe cada año del Servicio de Salud
Magallanes.
Aunque
horas después, tal instructivo fue modificado para permitir que,
precisamente, organizaciones tan fundamentales de la sociedad como esta,
no sean afectadas, lo concreto es que todavía no hay certeza de cuándo
recibirá la institución, los recursos que requiere y que, más encima,
este año son, incluso, superiores a los de años anteriores, como afirmó
su gerente, Asterio Andrade.
Sin embargo, en Magallanes, también hay denuncias y críticas en contra de otras fundaciones.
PROCULTURA
El
23 de junio, el consejero regional Alejandro Riquelme denunció que la
Fundación Procultura, también cuestionada en Antofagasta, habría
recibido, en forma irregular, recursos del Gobierno Regional de
Magallanes. Se trataba de dos proyectos por un monto total de más de 52
millones de pesos, bajo la modalidad de asignación directa, para la
elaboración de dos murales levantados en la costanera de Punta Arenas.
Pero,
el consejero considera que la fundación no debió ser considerada,
siquiera, para postular a estos aportes, ya que la normativa indica que
sólo podían hacerlo instituciones con domicilio legal en Magallanes, lo
que no ocurría en este caso, afirmó Riquelme.
También
cuestionó el hecho que la fundación tenía rendiciones pendientes de
anteriores proyectos, por lo que tampoco podría haber postulado, acusó.
El
fundador y director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín,
respondió afirmando que la interpretación de Riquelme no era veraz ni
ajustada a derecho y que la fundación tenía domicilio tributario “y para
los efectos de toda la institucionalidad pública”, agregó, en el Teatro
Cinema de Porvenir, cuya remodelación y puesta a punto es uno de los
mayores logros de la fundación en Tierra del Fuego.
Agregó que la ejecución de varios proyectos en paralelo es legal, por lo que no caben los cuestionamientos de Riquelme.
Consultado
al respecto, el abogado Dagoberto Reinuava, en cambio, comentó que “el
consejero Riquelme tiene un punto, porque el Código Civil define el
domicilio legal como
aquél que representa el ánimo de la persona de residir en él, en este
caso, allí donde trabajan las personas que dirigen la fundación, reside
su gerente, se reúnen sus directores, se lleva la contabilidad,
etcétera”.
PORVENIR
Más
tarde, Riquelme apuntaría sus dardos en contra de otro contrato de la
misma fundación con la municipalidad de Porvenir, vía trato directo y
por un monto de $52 millones.
El
consejero sostuvo que la adjudicación de contratos vía trato directo
por parte de una municipalidad sólo puede realizarse en forma
excepcional y justificadamente, de acuerdo a lo establecido por la
Contraloría, dijo, condición que en este caso no se habría cumplido. “La
falta de justificación suficiente de una causal de trato directo
implica un incumplimiento del deber de los órganos de la Administración
del Estado de realizar sus contrataciones preferentemente a través de
procedimientos de licitación pública, y asimismo contraviene el
principio de libre concurrencia que debe imperar en la propuesta
pública, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”,
sentenció.
El
alcalde José Gabriel Parada explicó: “La modalidad de trato directo con
la cual se contrató a la Fundación Procultura fue la de servicios
especializados para la etapa de diagnóstico del programa Pequeñas
Localidades. Lo anterior por cuanto la municipalidad no está en
condiciones de asumir su ejecución por la siguientes razones: la
Municipalidad de Porvenir no contempla, dentro de su planta de personal,
el personal idóneo, con la formación profesional o experiencia
necesaria para el desarrollo de lo anterior, puesto que, la planta
municipal, según se fijó en el Reglamento Municipal N°01, fechado el 19
de diciembre de 2019, únicamente regula las Unidades Municipales mínimas
de la Ley N°18.695”.
Agregó que la realización de esta forma especial de contratación implicó la acreditación por parte
del municipio de una serie de competencias, entre ellas experiencia en
desarrollo de proyectos en localidades alejadas de centros urbanos o en
situación de aislamiento; en la ejecución de proyectos de identidad
local; en la ejecución de programas y proyectos de conservación y puesta
en valor de patrimonio humano, cultural y local; procesos de
participación ciudadana, entre otras.
MÁS ACCIONES
En
medio de toda esta situación, el consejero Alejandro Riquelme publicó
en redes sociales el listado de todas las instituciones que reciben los
mayores aportes estatales por parte del Gobierno Regional, lo que le
valió ácidas críticas de nueve de los 14 consejeros regionales y el
Consejo Regional de la Sociedad Civil, Coresoc.
PRESTACIONES
La polémica publicación de Riquelme señaló a la fundación
Hernando de Magallanes como la tercera organización social con mayores
aportes por parte del Gobierno Regional, con más de 900 millones de
pesos y superada solo por Bomberos y la Corporación de Rehabilitación
Cruz del Sur.
Aquello
generó la inquietud del abogado Alfonso Campos, quien se dio a la tarea
de analizar la labor de esta institución. Campos recordó que el 25 de
enero de este año, el Gobierno Regional informó a través de su página
web de un contrato con esta fundación para disminuir las listas de
espera, nuevamente vía asignación directa.
El
abogado analizó los montos informados y se alarmó pues los consideró
excesivos, por lo que se preguntó si hubo alguna cotización que los
justificara. “Según esta publicación, el Gobierno Regional le aportó
$285 millones para efectuar 71 cirugías ginecológicas, es decir, más de
$4 millones por cada cirugía, además de $153 millones para 500
consultas, lo que significa $300 mil por cada consulta. Aparte de lo
anterior, el Gobierno Regional le aportó la suma de $149 millones para
diagnosticar la salud de 70 presos políticos (dos millones de pesos) por
cada diagnóstico”.
La
fundación aludida respondió de inmediato afirmando que los valores
informados por Campos no eran veraces y que el monto total del programa
se justificaba por la amplia variedad de servicios involucrados, como
traslados a otras regiones, equipos multidisciplinarios y muchos otros
que detalló.
MATHESON
El
viernes, el diputado Christian Matheson solicitó a la Contraloría la
revisión de todos los contratos del Estado con fundaciones desde 2022.
GOBIERNO
Mientras,
crecen las voces en el oficialismo y la oposición para un nuevo cambio
de gabinete y profundo cambio de rumbo del gobierno, pero el Presidente
Boric se ha negado y este fin de semana inició una gira a Europa.
Mientras, la crisis sigue abierta.