La Corte, que ya declaró ilegal y arbitraria la licitación del servicio de recolección de basura domiciliaria en la comuna de Punta Arenas en noviembre de 2011, debe responder a una solicitud de la parte demandante, la empresa Román Haro S.A., que pidió hacer efectivas las acciones contempladas por la ley, que van desde una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) (cerca de $ 41 mil) hasta el arresto por 20 días del alcalde Emilio Boccazzi.
La solicitud de la empresa Román Haro hace referencia al ultimátum que dictaminó el TCP para que la Municipalidad de Punta Arenas, la parte demandada en el caso, cumpliera la resolución del mismo tribunal. Fueron 15 días corridos desde el momento en que el municipio fue notificado, un plazo que se cumplió el 25 de abril pasado. Por ello, la parte demandante urge para que se apliquen las medidas contempladas en la ley.
Esta semana, el TCP acusó recibo de la respuesta de la defensa comunal, que aseguró que dichas acciones “no corresponden a la realidad procesal” del litigio. Sobre la resolución del 4 de abril -acerca de la cual la municipalidad presentó un recurso de queja que fue rechazado tanto en la Corte de Apelaciones como en la Suprema-, el municipio sostuvo que “adolece de imprecisiones” que dificultan su aplicación.
Según fuentes ligadas al caso, la respuesta a la solicitud de aplicar las multas debería darse a conocer, a más tardar, el martes de la próxima semana. Pese a que los montos son bajos, el tribunal puede aplicar los apercibimientos tantas veces como estime conveniente, hasta que se haga efectivo el cumplimiento del fallo.