Llama la atención de la gente, el alto indicador de sentimientos
negativos hacia la labor presidencial.
Otro de los puntos altos, lo marcó el 73% de los encuestados a favor
de un cambio constitucional.
Sin lugar a dudas, que los últimos escándalos político-económicos,
factores intrínsecamente relacionados en el país, han desencadenado la
agudización del descontento y rechazo, pero por sobre todo, frustración
ciudadana frente a la clase dirigencial, que alejándose cada vez más de las
esperanzadoras promesas electorales, hacen humo los ideales sociales de
transparencia, consecuencia y solidaridad con el resto de los compatriotas por
medio de reiterativas irregularidades a vista y paciencia de las personas.
“La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”, señala el
dicho, apreciación popular que en la práctica da cuenta de la lógica bajo la
cual pareciesen actuar algunas autoridades gobernantes, que confiadas en el
permanente olvido social, llevan adelante un cuestionado actuar cívico.
Pese a ello, las bajas cifras de participación electoral en los
últimos comicios, tanto parlamentarios, presidencial, e incluso, dentro de la
interna partidaria, deben ser entendidos como una fehaciente manifestación de
desaprobación hacia la labor empleada hasta ahora por la clase política,
realidad que, de seguro, se extrapolará en las futuras elecciones, sea cual sea
el orden de estas.
Lo preocupante del escenario planteado, es que no se vislumbran
grandes alternativas al poco bien augurado devenir político en Chile, básicamente
porque tanto la actual oposición a la coalición gobernante, como el propio
oficialismo, se han visto salpicados durante los años por más de algún caso de
aprovechamiento de poder, situación que de una u otra forma, ha sido reflejada
en los múltiples resultados estadísticos.
Cadem
Es así como la reciente publicación de la encuesta, cuya metodología
considera la consulta tanto presencial como telefónica, de un total de 711
casos distribuidos a lo largo de 73 comunas urbanas con más de 50 mil
habitantes, fue realizada entre los días 25 y 27 del mes en curso, acogiendo en
gran medida, las resoluciones de los mediáticamente conocidos casos de
corrupción, entre los cuales no sólo se ve afectada la imagen presidencial dado
el caso Caval, sino que, además, un número significativo de personeros
oficialistas a través del caso Soquimich, sin dejar de lado el caso Penta.
De esta manera, la Presidenta Michelle Bachelet Jeria cerró marzo con
su peor registro en el indicador, en tanto la aprobación a la gestión de la Mandataria
se ubicó por primera vez bajo la barrera sicológica del 30%, alcanzando un 29%.
Pese a ello, si bien la desaprobación a la labor presidencial
disminuyó en tres puntos su rango porcentual, ésta estaría en el orden del 57%,
cifras poco alentadoras a poco más de un año desde el inicio del segundo
mandato de Bachelet.
En tanto, la aprobación del gabinete ministerial durante esta última
semana se ubicó en 25%, con una desaprobación del 60%.
Respecto a las reformas emblemáticas del Gobierno, 31% está de acuerdo
con la tributaria y 45% en desacuerdo. La educacional presenta 35% y 53%
respectivamente, según se informó durante la mañana de ayer.
A su vez, un 32% respaldó la reforma laboral y el 37% se manifestó en
desacuerdo con lo planteado por el Ejecutivo.
Sentimientos “encontrados”
Suman y siguen los poco auspiciosos resultados. Y es que
específicamente, los buenos sentimientos reflejados hacia sobre la imagen de la
Mandataria, son ampliamente superados en un 58% por aquellos de tendencia
negativa. Es así como de ese total porcentual, el 27% corresponde a
desconfianza, el 20% a desilusión y un 11% representa a la rabia, ampliando el
balance negativo sobre emblemáticos bastiones valóricos y de reconocimiento
hacia la figura de Bachelet.
Reforma constitucional
Otro de los fuertes llamados canalizados a través de la encuesta,
hacen alusión al debate ciudadano emprendido en los últimos años en torno a
materializar un cambio efectivo en las políticas que rigen el país, pregonadas
en la actual Constitución del 1980.
Bajo este contexto, el sondeo mostró que un 73% está de acuerdo en que
Chile necesita una nueva carta fundamental, dentro de los cuales el 48% estima
que se debe modificar “en algunos aspectos”, mientras que el 41% considera que
el cambio debe ser total.