Una jornada de gran importancia para el
futuro se vivirá hoy en Punta Arenas durante la sesión de la Comisión
Regional de Uso del Borde Costero (Crub), una instancia que no se
convocaba hace ocho años y que reúne a más de 40 actores públicos y
privados.
En la ocasión, se votará tres importantes proyectos para la región, aunque con implicancias legales diferentes.
Hidrógeno verde
Una
de las votaciones más esperadas es la resolución de la CRUB sobre las
solicitudes de concesión marítima presentadas por las empresas HNH
Energy y TEG Chile, para establecer dos grandes megapuertos en la
región, el primero de ellos en la comuna de San Gregorio y el segundo en
la de Primavera, Tierra del Fuego.
Se trata, no obstante, de una votación que no es vinculante, aunque sí necesaria para el avance de estos proyectos.
En
el caso del proyecto de HNH Energy, en San Gregorio, sin embargo,
deberá enfrentar la oposición de unas 30 organizaciones sociales y
particulares, que han manifestado serios reparos a la iniciativa.
Entre
éstos y contra lo asegurado por la empresa, aseguran que ésta no ha
establecido las líneas de base necesarios para un adecuado monitoreo
ambiental de esta gran inversión.
Critican
que el proyecto para generar amoníaco verde significará instalar un
gran parque eólico en un lugar cruzado por rutas migratorias de gran
número de aves y, también, que el puerto se emplaza en un lugar de gran
variabilidad de mareas, lo que genera una riqueza natural en la zona,
que la actividad portuaria industrial a gran escala asociada a este
proyecto, afectaría gravemente.
También
se critica que el emplazamiento de puerto, en Bahía Gregorio, sería muy
inadecuado dadas las fuertes corrientes del sector y las
características del lecho, lo que obligará a construir enormes muelles
de hasta tres kilómetros de largo, todo ello, al lado de otro puerto que
levantará ENAP, en las cercanías, afectando el desarrollo de esta
empresa estatal.
Pero
acaso una de las mayores críticas es el hecho que el amoníaco,
principal producto que será elaborado y exportado por este proyecto, es
un combustible extremadamente volátil, lo que pondría en riesgo a la
comunidad, pues, según aseguran, el estudio de impacto ambiental no
consigna que a 100 metros hay una carretera y a 400 metros hay casas.
Más
aún, en las inmediaciones se encontraría un campo de entrenamiento
militar del Ejército de Chile, haciendo aún más riesgosa toda la
operación, aseguran sus críticos.
Ley Lafquenche
Aún
más crítica es la solicitud de 25 mil hectáreas de espacio marítimo por
parte de una comunidad kawésqar en la provincia de Última Esperanza, a
instancias de la Conadi.
A
diferencia de la materia anterior, esta propuesta, fruto de siete años
de estudios y elaboración, vivirá una instancia decisiva el día de hoy,
ya que en este caso, el voto de la comisión sí es vinculante.
La
iniciativa enfrenta fuertes críticas de diferentes sectores de la
comunidad, incluida la industria acuícola, entre otros actores, que
temen que su aprobación vaya en detrimento de la actividad afectando
gravemente su desarrollo en la región.