Las debilidades de Conaf para ejercer su labor de fiscalización y control en la Región de Magallanes, quedaron duramente expuestas en un reciente informe de la Contraloría General de la República.
El documento reveló falencias tanto en ciertos procedimientos de control interno, como en lo referente a su capacidad de fiscalización de los contratos acordados por esta corporación con las empresas concesionarias que operan en el Parque Nacional Torres del Paine.
El informe N° 3.872, fechado el 13 de diciembre del año pasado, reconoce que muchas de las materias observadas fueron respondidas satisfactoriamente por la institución, pero cuestiona aspectos de control interno, así como diversas falencias en los procesos de fiscalización.
Ayer, la directora regional de Conaf, María Elisabeth Muñoz, respondió que la institución está dando plena respuesta a las observaciones que le ha generado el organismo contralor, a través de la constitución de un Comité de Concesiones, al interior del organismo, con el objeto de resolver todas las situaciones que se produzcan en lo referente a la fiscalización de las empresas concesionarias.
Este se encuentra instalado y formalizado por resolución y empezará a operar el 15 de febrero, indicó.
Muñoz destacó “la tremenda entrega de los funcionarios que han enfrentado con muy pocos recursos un aumento explosivo de la demanda” y admitió las falencias en materia jurídica y de control financiero.
“Somos la única región de Chile que tiene un solo abogado y nuestro personal se hace insuficiente para abordar todas estas materias”, subrayó.
Fiscalización
Las falencias fiscalizadoras de la entidad se demuestran cuando en dos casos no existían registros históricos que permitieran fundamentar los procesos de reajuste de precios por servicios otorgados por las empresas concesionarias.
O bien la incapacidad para hacer efectivas las obligaciones contraídas por estas empresas en sus contratos. Así, una empresa tardó 60 días en pagar un derecho de concesión y otra tardó 220 días en pagar un aporte extraordinario de 220 UF.
En ambos casos, el plazo máximo estipulado en el contrato era de 15 días. “Son hechos consolidados no susceptibles de ser regularizados en el período de fiscalización”, dice el ente contralor, que insta a Conaf a arbitrar las medidas necesarias para evitar su reiteración.
Hubo un caso donde la concesionaria cobró un monto por sobre lo exigido y Conaf no perseveró en la corrección de esta tarifa, por considerar la diferencia muy pequeña.
“Era una diferencia de $ 150 debido al reajuste de tarifa que se hacían muy difíciles de cobrar en medio de la cordillera y por eso se aplicó una política de redondeo, por motivos prácticos”, indicó Muñoz.
Dado que también se observaron falencias en la operación del sistema Transbank, por falta de capacitación del personal y la no entrega de información de detalle, Muñoz anunció que hoy se inaugura una nueva oficina de pago en su reemplazo, que operará en el Terminal Rodoviario de Puerto Natales, a través de tarjetas de crédito, junto a otra en la Cueva del Milodón.