Tras varias expresiones de molestia y desencanto por parte de los consejos regionales (CORE) a nivel nacional -y también en la Región de Magallanes-, el Congreso tramita con suma urgencia el proyecto de ley que mejora las condiciones laborales y aumenta las atribuciones del órgano colegiado, cuyos miembros iniciaron este año sus funciones, electos por primera vez.
En respuesta a los apremios, La Moneda presentó un proyecto de ley que incrementa la dieta mensual de los consejeros en un 100%, pasando de un máximo posible de 16 UTM a 32 UTM, elimina el sistema de gastos por rendir de los consejeros y se reemplaza por un sistema de viáticos, equivalente al que percibe el Intendente por igual concepto y stablece que los consejeros regionales dispondrán de los permisos necesarios por parte de sus empleadores para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de que puedan asistir a las sesiones del Consejo y de las comisiones.
La iniciativa, tramitada con suma urgencia por el Congreso, ya fue aprobada en las comisiones de Hacienda y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Ello no es suficiente para el Consejo Regional de Magallanes (CORE), que ayer emitió un comunicado público en el que exigen que las propuestas abarquen “todas nuestras demandas y no solo para aquellas que han sido caricaturizadas como reivindicativas-salariales”.
Los cores también rechazaron la posibilidad de que sus atribuciones cambien para discutir sólo marcos presupuestarios, en vez de evaluar proyecto a proyecto. Consideraron la idea “ofensiva a la dignidad y dedicación del trabajo que cada uno de nosotros realiza día a día para beneficio de todos quienes viven en nuestra querida Región de Magallanes”.
La molestia de los cores por su falta de atribuciones se había hecho sentir tanto a nivel nacional como en Magallanes. El 11 de agosto pasado, el CORE local rechazó de manera unánime todas las iniciativas, para luego leer una declaración pública en la que manifestaban su descontento.
Otra acción de protesta fue sostenida el 3 de noviembre, cuando se leyó una declaración en la que se declaraban “en estado de alerta” por el poco avance en los proyectos de ley.
En otras regiones del país, se llevaron a cabo medidas similares.