Es un proyecto de larga data y
que, cada cierto tiempo, genera roces entre la Municipalidad de Punta Arenas y
el Gobierno Regional. Se trata de la generación de un mecanismo de tratamiento
de lixiviados para el vertedero de la comuna, que permitiría tomar medidas
frente a los líquidos potencialmente contaminantes que escurren desde los
elementos deshechados en la zona, una iniciativa cuya discusión decidió
posponer ayer el Consejo Regional (CORE).
“La idea de la comisión es seguir
trabajando”, dijo ayer el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
organismo, Francisco Rós, quien en la sesión manifestó que la razón para
postergar la discusión fue la necesidad de mayor información sobre el proyecto.
“La Subdere contrató una consultora que generó un plan de residuos sólidos
domiciliarios de la región, que nace después de este proyecto. Dentro de este
plan, está considerado el cierre del vertedero, que considera el control de
lixiviados y gases, entre otras cosas. Hay que ver cómo se hace un proceso
integral. Tenemos que ver cómo conversa el plan con la iniciativa de los
lixiviados, para no replicar esfuerzos”, manifestó el consejero.
Por su parte, el presidente del
CORE, Ramón Lobos, sostuvo que “lo que se ha entendido como tratamiento
integral de los residuos sólidos es mucho más grande que eso; la duda es si
esto es parte de un proyecto global y cuándo lo vamos a conocer”. Agregó que se
oficiará a los organismos correspondientes para buscar más información. Agregó
que “cuando tú abres un vertedero, se abren muchas externalidades; hay que
responder cómo va a ser tratada la basura, no sólo la disposición final, y
también lo que significa el cierre del actual vertedero. El tratamiento de
lixiviados es sólo una parte de eso”.
Por su parte, el alcalde de Punta
Arenas, Emilio Boccazzi, manifestó que “esperaremos un par de sesiones más
poder incorporar lo que falte, las dudas que tengan los consejeros. Es un
proyecto que está recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social hace
varios meses”.
Proyectos aprobados
La mesa del CORE debatió ayer los primeros
proyectos ligados al Plan de Zonas Extremas. Si el tratamiento de lixiviados
debió ser aplazado, no fue el caso de los diseños de la Casa de los Derechos
Humanos, iniciativa para la cual se aprobó un aporte de más de $ 150 millones.
“Vamos a comenzar a armar la licitación del diseño, para que cuando haya la firma
del convenio, podamos partir al día siguiente”, manifestó ayer Boccazzi.
También resultaron aprobados los
dineros para la ruta Porvenir-Onaisín y para la construcción de la nueva sede
de Unpade, que trabaja con niños con diferentes discapacidades. Para ello, se
destinaron más de $ 1.300 millones.