Más de $7 mil millones destinados a alumnos de colegios municipales
que presentan discapacidad o dificultades de aprendizaje, están
“perdidos”. Así se desprende de los informes que hizo la Contraloría
General de la República tras revisar las cuentas de 153 municipalidades.
La entidad fiscalizadora detectó que, al 31 de diciembre pasado, en las
cuentas de diversas comunas faltaban fondos provenientes del Programa
de Integración Escolar (PIE) que no fueron ejecutados en 2012 y 2013.
Esto, según los informes de la misma Contraloría, “evidencia el uso de
los recursos en fines distintos a los previstos en la normativa”.
CIPER revisó los 153 informes que han sido publicados por la
Contraloría y que detallan los ingresos y gastos del PIE en igual número
de municipios. Así, esta investigación periodística pudo determinar que
los fondos perdidos suman $ 7.283.919.737 y que son 49 las
municipalidades que presentan saldos faltantes en sus cuentas,
correspondientes a recursos recibidos, pero no ejecutados, en 2012 y
2013.
A la fecha, esos recursos no han aparecido. Aunque muchos municipios
respondieron a la Contraloría que ocuparon el dinero en el pago de
bienes y servicios distintos a los establecidos en el Programa de
Integración Escolar, el organismo continúa considerándolos como saldo
faltante, porque no se usaron en los niños con problemas de aprendizaje
como lo establece la normativa. De hecho, un dictamen de la misma
entidad fiscalizadora determina que los recursos mal utilizados,
provenientes de un convenio como el PIE, deben ser restituidos. Es
altamente probable que la cifra de fondos “perdidos” o mal utilizados
aumente, pues todavía quedan informes de municipios que la Contraloría
no ha dado a conocer.
Entre las comunas fiscalizadas que registran la mayor cantidad de
recursos faltantes o mal usados del PIE, se encuentran Quinta Normal
($652 millones), San Fernando ($512 millones), Curanilahue ($479
millones), Puerto Natales ($387 millones), Punta Arenas ($381 millones),
Bulnes ($365 millones), Cauquenes ($344 millones), Purranque ($337
millones), Viña Del Mar ($302 millones), Longaví ($282 millones), Santa
Cruz ($266 millones), Graneros ($251 millones), Coyhaique ($227
millones), Calera de Tango ($213 millones), Hualqui ($194 millones), San
Antonio ($178 millones), Santa Juana ($174 millones) y San Joaquín
($160 millones).