Pese a lo angosto de las calles y a la creciente congestión vehicular en Punta Arenas -se estima que el parque automotriz de la comuna ha crecido 90% en las últimas dos décadas- no resulta aislado que en las vías urbanas los conductores sobrepasen el límite de velocidad permitido en Chile: 60 km/h.
Sumando la imprudencia a lo anterior, basta con observar el flujo vehicular en la Avenida Costanera, no es de extrañar que diariamente se registre en la capital magallánica un promedio de tres colisiones, con a lo menos un lesionado y ni hablar de los daños de consideración en los móviles y en los bienes de uso público y privado.
Hace algunos días se dio a conocer a nivel nacional un estudio realizado por el Ministerio de Transportes, que tuvo como objeto medir la velocidad promedio en las vías urbanas del país. Para ello, se consideró como muestra a tres ciudades del país: Santiago, Valparaíso y Concepción, con el considerando de que en el resto de Chile la situación es igual o similar.
Los resultados arrojaron que el 38% de los conductores (cuatro de cada 10) circula a una velocidad mayor al límite permitido de 60 km/h en la ciudad. Lo anterior no es un dato a desestimar si se considera que de los 91.711 accidentes de tránsito registrados en el país durante 2016, el 83% (76.564) tuvieron como escenario las vías urbanas. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Carabineros, más de 50% de estos estuvo ligado, justamente, al exceso de velocidad.
El director de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, Sergio Oyarzo, dice no compartir la modificación que apunta a la disminución de la velocidad. Argumenta que durante los últimos años casi todos los cambios en esta materia han estado orientados a un tema educativo y preventivo, implementando normas y sanciones que “difícilmente tienen sentido cuando no se cuenta con las herramientas para fiscalizar los excesos de velocidad. Entonces, hoy se quiere modificar una ley que en la práctica la mayor parte de los conductores no van a respetar”.
Lo que Oyarzo propone es un control adecuado de lo que ya existe, “porque si bien la labor educativa puede ser importante, más lo es controlar que efectivamente lo que está regulado se cumpla y eso, a todas luces no se está haciendo”.
El jefe de Tránsito menciona como ejemplo la velocidad que los magallánicos imprimen en vía como la Costanera y Avenida España, y cita con preocupación lo que pasa afuera de los establecimientos educacionales: “En los horarios de clases la norma dice que los conductores no pueden circular en el sector a más de 30 km/h, y la pregunta es ¿quién lo cumple? Ahí se presenta un riesgo potencial de accidente. Lo mismo pasa con lo que dice la ley en cuanto a disminuir la velocidad en las esquinas, ¿quién lo hace?”.
Luego expone que los países que han logrado disminuir los accidentes de tránsito “lo han hecho de la mano de la educación y prevención, pero a través de una fiscalización sistemática y permanente y, justamente, a nuestro país le hace falta una política de Estado al respecto”.
Sergio Oyarzo, director de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas: “Aquí lo que tenemos que tener es una fiscalización sistemática y permanente, y eso lo tiene que hacer la policía uniformada, porque no le corresponde a los inspectores municipales”.