Finalizó el tercer encuentro de Derecho Penal realizado en Punta Arenas, donde expusieron connotados expertos en diferente materia penal a nivel internacional.
Uno de los temas fue el de los atentados explosivos y los daños a la propiedad. Ante esto, Raúl Carnevali Rodríguez, doctor en derecho, expuso ayer sobre las organizaciones terroristas y el orden público, donde en conversación con Diario El Pingüino, indicó que se deben revisar las leyes para dejar en claro las penas que recaerían sobre las personas que pertenecen a organizaciones. “A raíz de los últimos casos se ha generado un interés público, ante esto se están presentando proyectos para normativas. Lo que discuto es que se pretende que las conductas terroristas serían realizadas por organizaciones terroristas, donde no cabría si son realizadas por personas que no pertenecen a estas. Todo parece indicar que las personas que habrían provocado los atentados en el Metro de Santiago no formaban parte de una organización criminal terrorista, con lo cual nos encontraríamos con estos casos que ocurrieron este mes, no podrían ser calificados como tales”.
Carnevali indicó que estos grupos buscan generar alarma. “Se plantea que se busca alterar el orden constitucional y la paz social. Ante esto se busca de qué manera actúa el Estado en impulsar decisiones bajo la presión de ciertas organizaciones, no solamente en Chile, si no en todas partes. Muchas veces la calificación lo hace quien detenta el poder, y muchas veces se manipula políticamente en querer calificar como un propósito de persecución a ciertos grupos que no tienen la calificación como tal, lo que podría plantearse en el sur del país en el conflicto mapuche, que se pretende criminalizar a ciertos grupos calificándolos como tales, siendo que no los son”.
Carnevali reconoció que son temas difíciles, donde indicó que cuando se plantean estos temas genera más dudas que certezas porque la calificación tiene una connotación política. “Otro tema es lo que se llama el terrorismo de Estado, donde se puede disponer de organismos, donde un Estado puede llegar a ser terrorista. En derecho no es fácil decir qué es un acto de terrorismo”.
Respecto a los hechos ocurridos en la Región de La Araucanía, Carnevali indicó que gran parte de la responsabilidad la tienen las autoridades. “El Estado chileno tiene un grado de responsabilidad en el sentido que es una zona que ha tenido un conflicto ancestral, de esta manera hay que ser muy cuidadoso de qué manera el Estado pretende responder frente a ciertos actos violentos, claramente invocando la ley terrorista calificando a ciertos grupos terroristas, también es violento por lo que hay que ser muy cuidadoso”.
Aborto
Respecto a un tema que también podría legalizarse, Antonio Bascuñán, doctor en derecho en Alemania y presidente de Libertades Públicas (ONG), expuso sobre la reforma de las reglas sobre el delito de aborto. “La iniciativa legislativa que todavía no conocemos y que esperamos por parte del Gobierno a corto plazo. En relación a esta iniciativa se trata de casos en los cuales las razones que tiene la mujer para interrumpir el embarazo son que resultan susceptibles de ser compartidas por todos. Esta es una decisión de la mujer. El problema se va a generar en cuanto al peso de la opinión de la mujer respecto de la opinión del médico y si es que concurre la necesidad de interrumpir un embarazo, si es que se comprueba que se trató de un acto no consentido”.
El experto agregó que se van a generar problemas posteriores. “Que sucede con todos los casos de aborto que hay en Chile tienen lugar por razones que todavía no son consideradas por este proyecto que todavía no se transforma en ley. La pregunta es por qué no tienen peso las razones de las mujeres para tomar una decisión. Lo que digo es que también se debe dar espacio a las mujeres a abortar por otro tipo de razones. Mientras más se demore la discusión de los legisladores para aprobar una nueva ley que ya tiene una amplia aprobación, más riesgo corre de quedar obsoleta esa discusión en relación a la otra, es decir de dotar a la mujer de autonomía para interrumpir un embarazo por otro tipo de razones. El aborto legalmente debería estar despenalizado además permitido y reconocido por el sistema de salud público, en un margen lo suficientemente amplio para mantener el respeto por la autonomía de la mujer. Deben existir restricciones de acuerdo al tiempo del embarazo. La situación terapéutica o la embriopática pueden descubrirse tardíamente, por lo que puede realizarse en un tiempo final del embarazo, pero por ejemplo por una violación debe interrumpirse en el comienzo. Los métodos de aborto también son muy distintos si son temprano o tardío, si es temprano puede ser por método farmacéutico, lo que evita un dolor del feto. Mientras que tardío, es más problemático, por eso la idea es generar soluciones tempranamente”.
Código Penal
Por su parte, el abogado, licenciado en ciencias jurídicas, Héctor Hernández, es uno de los cinco integrantes de la comisión que encargó el Gobierno para estudiar los cambios a la reforma del Código Penal, ante esto, ayer señaló que “el Gobierno convocó una nueva comisión para que se haga cargo de preparar un texto que identifique a la actual administración y que sea un texto al que el actual Gobierno dé impulso legislativo. Con este cambio de Gobierno, surge la disyuntiva que la comprendo políticamente. El ministro Gómez ha mostrado un interés serio en que haya una tramitación legislativa, pero que antes exista un filtro legitimador de los grandes textos, que la discusión penalista de los últimos diez años, ha brindado de tener un nuevo código. Se me ha pedido que coordine esta comisión donde hay cinco miembros con un plazo hasta marzo del 2015, proponer un texto al Ministerio de Justicia para iniciar una tramitación parlamentaria. La comisión ha asumido este mandato, la idea no es hacer un código penal nuevo, si no que tomar los últimos tres textos que pueden servir de base y presentar una propuesta similar a los últimos trabajos presentados”.
El encuentro finalizó tras la exposición además del ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, quien expuso sobre los delitos contra la vida humana. Entre los asistentes, la defensora regional, Gustava Aguilar, señaló que “hacer un reconocimiento al Ministerio Público por organizar este encuentro y traer a destacados profesores y académicos. Es una instancia valiosa”.
Otro de los asistentes, el juez de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Fabio Jordan, señaló que “es importante este trabajo, sobre todo con esta comisión que se formó para revisar el código penal, el cual es antiquísimo, entonces necesita una actualización a nuestra realidad. Debe tratar distintas instituciones que han sido reconocidas internacionalmente y que en Chile se ha ido introduciendo como la doctrina”.
Finalmente el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez cerró la jornada agradeciendo la participación de los presentes.