La gerente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, afirmó ayer que “el hecho que una ONG ambientalista contrate profesionales para formular una política pública nos parece una irregularidad que la Contraloría deberá esclarecer”.
Rojas reconoce que una institución como Conaf es libre de formular los convenios con diversas instituciones en busca de colaboración. Sin embargo, afirmó que “traspasar la propia elaboración de una política pública, como es el plan de manejo de la Reserva Kawésqar, a profesionales pagados por una ONG que se ha declarado enemiga de la industria salmonicultora, a nosotros nos parece un conflicto de interés que debe ser resuelto por la Contraloría, a través de esta presentación que ha sido presentada por la industria acuícola”.
Contraloría
Al respecto, cabe recordar que la Asociación de Salmonicultores de Magallanes ingresó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se “investigue y determine la existencia de un posible conflicto de interés y/o eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa, imparcialidad y servicialidad” de Conaf en el proceso de formulación del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.
El gremio argumenta que, durante los años 2018, 2019 y 2020, se celebraron convenios marcos entre Conaf, la ONG The Pew Charitable Trusts y la Universidad Austral de Chile, que tienen como objetivo dictar la gestión y manejo de las áreas protegidas en la Patagonia chilena.
Odebret
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, explicó al sitio Salmonexpert: “PEW, una ONG estadounidense, proporcionó más de $1.900 millones a la Universidad Austral, que posteriormente habrían sido traspasados a Conaf en un monto que aún desconocemos y esperamos sea aclarado en la investigación. Esos dineros fueron destinados a la contratación de personal que trabaja en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y a quienes realizan los estudios técnicos que lo sustentan. Hablamos de influencia irregular en la elaboración del mencionado plan. Es decir, PEW, una ONG que ha manifestado su interés de impedir el desarrollo de la salmonicultura, financia, a través de un entramado de convenios a Conaf para el desarrollo de una política pública con importantes efectos sobre terceros”, señala Odebret.