Divergentes
opiniones existen luego de que el pleno de la Convención Constitucional
despachara los últimos artículos relativos a derechos sociales, entre
los que se encuentra el derecho a la educación.
Se
establece que la educación “será de acceso universal en todos sus
niveles; y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”.
Entre
los párrafos aprobados, se encuentra que el Estado deberá articular,
gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico
y gratuito.
Posteriormente,
también se aprobó el artículo 20 del informe de Derechos Fundamentales,
que consagra la gratuidad en la educación superior, aunque casi de
forma específica en instituciones públicas.
“Los
estudios de educación superior, conducentes a títulos y grados
académicos iniciales, serán gratuitos en las instituciones públicas y en
aquellas privadas que determine la ley”, señala el artículo.
Por
otro lado, se rechazó un artículo sobre salud, que indicaba que podían
existir seguros privados voluntarios para complementar o suplementar la
cobertura del Sistema Nacional de Salud.
Igualmente, se aprobó que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados.
Tras
estos nuevos artículos, el secretario regional de la DC, Juan Francisco
Miranda, expresó que “es importante que se garanticen derechos como el
acceso a una educación y salud gratuita, para lo cual el país deberá
hacerse cargo del financiamiento permanente mediante un sistema de
tributación adecuado y justo. Para mí, es importante que el Estado
garantice una base en las condiciones de vida de todos su habitantes.
Esto no se contrapone que en forma adicional cada persona puede
complementar con mayores recursos al igual como ocurre en pensiones a
través de ahorro o seguros. No está demás señalar que no hay nada
gratis, lo que financia el Estado proviene de los impuestos que pagamos
las personas y las empresas. En este sentido, no se debe olvidar el
sentido de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos
públicos”.
Por
su parte, el vicepresidente de Evópoli, Ricardo Hernández, dijo que “no
soy partidario de sistemas únicos, comprendiendo que cada individuo
tiene necesidades diferentes y requerimientos. En una sociedad
democrática, la libertad de la elección de un sistema de salud y
educación es fundamental, comprendiendo que los sistemas administrados
por el Estado en Chile no son los más eficientes y tampoco garantizan
calidad. Creo que es importante
que exista variedad de opciones y que cada compatriota elija. Al
proponer sistemas universales, sin financiamiento ni aseguramiento
que las prestaciones sean de calidad, se generará un colapso del
sistema, es decir, nivelar hacia abajo, lo que genera mayor malestar de
la ciudadanía”.
Agregó que “con la aprobación de la norma respecto a educación, se abrió la puerta a la politización de las aulas. Cada Gobierno entrante tendrá la opción de
impactar en el contenido y forma en la que se entregue la educación.
En vez de poner énfasis en calidad de la educación, se constitucionaliza
principios y fines de contenido político. Conocemos las falencias de
la salud pública de hoy. Al generar un sistema único, las personas que
quieran optar por una previsión privada de salud, deberán tener
suficiente seguro para pagar por dos seguros al mismo tiempo (privado y
público), generando mayores desigualdades de la sociedad, algo que se
suponía que esta nueva constitución iba a disminuir”.