La
empresa Casino de Juegos de Punta Arenas, perteneciente al holding
Dreams, descartó ayer que esté en peligro la continuidad de la
concesión, la cual consideran sigue vigente hasta 2024.
De
este modo, la empresa rechazó versiones de prensa regionales que
sugerían esta posibilidad, luego de que la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas rechazara un recurso de protección presentado por ésta en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, cuyo actuar consideran ilegal y arbitrario.
“El
permiso de operación del casino de Punta Arenas vence en 2024, y su
continuidad no se ve afectada en modo alguno por la sentencia de la
Corte de Apelaciones”, enfatizó la empresa.
Dreams agregó: “La sentencia de la Corte de Apelaciones, sin pronunciarse sobre el fondo de lo discutido, resolvió
que esta materia debe ser discutida mediante un procedimiento de lato
conocimiento y no un recurso de emergencia, como lo es el de protección.
Frente a lo resuelto, hemos presentado un recurso de apelación ante la
Corte Suprema, para que enmiende este error de apreciación y revoque la
sentencia recurrida, acogiendo la acción constitucional deducida por
Casino de Punta Arenas. Ello por cuanto el recurso de protección tiene
por objeto cautelar en un procedimiento
de emergencia los derechos constitucionales conculcados por un actuar
ilegal y arbitrario, siendo compatible con otras vías de impugnación,
cual es precisamente el caso”.
Lo objetado
El
recurso de protección fue presentado el 25 de agosto de 2020 en contra
de la Superintendencia de Casinos de Juego y busca que se deje sin
efecto las nuevas Bases Técnicas que rigen el otorgamiento
y renovación de permisos de operación. “Al dictar estas resoluciones,
la Superintendencia actuó -en nuestra opinión- de manera ilegal y
arbitraria, porque aplicó a la renovación de dichos permisos una
normativa que no corresponde, cambiando las reglas del juego”.
La
empresa recordó que la Ley 20.856 de 2015 dice: “Los permisos de
operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente
ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento,
salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su
operación”.
La
ley vigente al momento de la adjudicación era la Ley 19.995 de 2005 y
es esta normativa la que, a juicio de Dreams y otras empresas del rubro,
no ha sido respetada por las nuevas bases técnicas dictadas por la
Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Mientras
esta normativa privilegiaba a quienes hicieran las mayores inversiones
estatales, la SCJ ahora privilegia el mayor aporte al fisco.