Fue la palabra “corrupción” la que encendió las alarmas. El 25 de
marzo pasado, el presidente del gremio de usuarios de la Zona Franca de Punta
Arenas, Cámara Franca, Marcelo Muñoz, realizó una declaración pública en la que
sostuvo que “con el clima que existe hoy día, muy sensible a lo que pueda ser
relación del dinero, la Intendencia debe dar una señal para no dejar cabida a
suspicacias en relación a la conocida generosidad del señor Fisher”.
Fueron estas declaraciones las que generaron una querella por injurias
graves de parte del empresario Claudio Fisher Llop, presidente del directorio
del Grupo Fisher, que controla a la administradora del recinto franco, Sociedad
de Rentas Inmobiliarias (SRI).
La acción judicial fue presentada
ante el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, hasta donde llegó el
abogado Francisco Cárdenas.
“Esta es una querella entre personas naturales”, manifestó el
profesional, quien agregó que “a todas luces, quiso decir que la generosidad
del señor Fisher era un valor negativo, un vicio en relación con el poder y el
dinero. Estamos pidiendo una pena de tres años de reclusión en su grado medio y
una multa equivalente a 150 unidades tributarias”.
Ante ello, Muñoz declinó realizar declaraciones en tanto no conozca
los detalles de la acción judicial.
En tanto, Cárdenas se refirió ayer a la posibilidad de que el
intendente Jorge Flies de término anticipado a la concesión, a la luz de
diferentes antecedentes que ha recibido desde Contraloría e informaciones que
ha solicitado a la propia concesionaria.
“Nosotros creemos que no hay elementos suficientes para poner término
a la concesión. El término de la concesión es una decisión que la Intendencia
puede tomar o no tomar, pero entendemos que el escenario no lo amerita”,
señaló.