“El mundo apunta a una revolución verde, donde los costos ambientales deben asumirse y retribuirse”

Poco a poco, Chile avanza en materia de Economía Circular.
Reciclar para volver a crear es el nuevo lema que se impone entre productores y
consumidores. No es fácil, pero se puede lograr en la medida que exista
educación, políticas públicas y una normativa ambiental que lo promueva.

Cada año se botan toneladas de ropa en los vertederos.
Tanta, que algunas marcas se están asociando con el fin de recoger esas prendas
en desuso para luego transformarlas en material aislante de edificios o bien,
en fibra para elaborar nuevos diseños.

Ejemplos como este hay muchos y son parte de lo que hoy se
conoce como Economía Circular. El lema es: reciclar para volver a crear. Se
trata de un sistema que busca reutilizar, optimizando los recursos disponibles,
de manera de poder recuperar los materiales de un determinado producto. Hace
algún tiempo, se instauró la idea de que las políticas económicas debían evolucionar
a un camino más verde, dejando de lado la producción de carácter lineal, es
decir, aquella cadena donde primero se crea un bien de consumo y después de
cumplir con su periodo de vida útil, se arroja, no sin antes dejar una cantidad
importante de residuos nocivos.

Para detener esta verdadera bola de basura, hoy se invita a
mirar los desechos como nuevas fuentes de recursos, acompañado de una mayor
educación entre los consumidores y productores, además de leyes y políticas
públicas adecuadas. Según Matías Le-Roux Peralta, abogado ambientalista de
Cifneg Consultores, en Chile comienza a tomar fuerza el interés por preservar
la naturaleza respetando las normativas legales. El artículo 19, número 8, de
la Constitución chilena garantiza ¨El derecho a vivir en un medioambiente
libre de contaminación”, y estipula que es deber del Estado velar para el
cumplimiento de este derecho. Además, explica el abogado, la ley puede
establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o
libertades a fin de proteger el medioambiente. En ese sentido, añade Le-Roux,
es necesario entender que se debe dejar de seguir usando modelos económicos que
ocasionen un impacto negativo, como el lineal, donde “producimos, usamos y
desechamos”.

Si bien, el concepto de Economía Circular empezó a crecer en
los 80, en el país ha dejado huella en la última década. Durante el segundo
semestre de 2017, Chile empezó a ocuparse tal como lo venían haciendo países de
la comunidad europea y, de Latinoamérica, Uruguay y Costa Rica. Mirando esos
ejemplos, aprendimos la necesidad de privilegiar el “reducir, reusar y
reciclar”, es decir, menguar la producción al mínimo indispensable, apostando
por la reutilización de los elementos que -por sus propiedades- no pueden
volver al medioambiente. Se aboga por una reutilización de elementos
biodegradables. En los casos particulares de componentes eléctricos o
metálicos, se busca volverlos a incorporar a un nuevo ciclo de vida,
llevándolos nuevamente a la fase de producción para elaborar una nueva pieza.

A diferencia de otros modelos financieros donde prima el
aspecto económico por encima del social o medioambiental, la Economía
Circular supone una mejora sustancial, tanto para las empresas como para los
consumidores. Aquellas instituciones que han puesto en práctica este sistema,
han comprobado que reutilizar los recursos resulta más rentable que crearlos
desde cero. Como consecuencia, bajan los precios de producción y los de venta.
Gana el productor, el consumidor y el planeta.

En nuestro país se han introducido instrumentos de gestión
relativos a este tema, como la Ley de Marco de Responsabilidad Extendida del
productor, la cual busca dar promoción y una estrategia al tema de la Economía
Circular.

Chile comenzó a introducir el concepto de impuestos verdes
con el artículo 8 de la Ley 20.780, reformando y ajustando el sistema de
tributación de la renta, en donde fijamos principalmente un impuesto a la
emisión de contaminantes locales, como el Co2 o dióxido de carbono, entre
otros. La tasa se fija dependiendo de la cantidad de población y de
contaminación que se observa en un lugar. Por lo tanto, a mayor cantidad de
gente, más grande será el impuesto por las cantidades de emisiones emitidas,
lográndose, así, diferenciar las localidades con una gran cantidad de agentes
contaminantes.

No es algo que se pague por igual. Por ejemplo, para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, con contaminantes como el Co2, el
tributo acordado es de U$D 5 por tonelada emitida. Cifras que varían, pero que
han logrado recaudar alrededor de U$D 200 millones, suma que, entre otras
cosas, ha servido para que los grandes grupos económicos busquen generar
cambios dentro de sus políticas, no sólo de producción, sino también de cuidado
ambiental.

Sin duda el mundo apunta hacia una revolución verde, en
donde los costos ambientales deben asumirse y retribuirse. La idea es que las
compañías sean un aporte, tanto para la economía como en materia de
sustentabilidad. Bill Gates, en su libro “Cómo evitar un desastre climático”,
da a conocer las alarmantes cifras de emisiones de gases que existen a nivel
global, las cuales se ponderan alrededor de “51.000 millones de emisiones de
gases de efecto invernadero”. Claramente, si queremos lograr que nuestro
planeta sobreviva a una eventual extinción de los recursos naturales y
desastres climáticos, es necesario tomar un rol preponderante y empezar a mirar
hacia el futuro, cuidando la naturaleza y optimizando los recursos.

Es fundamental comenzar a fomentar las nuevas tendencias,
como la Economía Circular, además de los impuestos verdes, cumpliendo, de
manera paralela, con la implementación de un centro de políticas de carácter
económico que apunte al crecimiento y al desarrollo verde.  

 

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