“Me llamaron a la oficina de la dirección administrativa del colegio donde me desempeñé por varios años y me entregaron la carta de notificación de término de mi contrato que era indefinido. Debí firmar el registro en que constaba que había sido notificado, y pude leer los nombres de una docena de compañeros. Me sentí destrozado. Se me llenaron los ojos de lágrimas de impotencia. Pensé en mi familia. En lo que iba a ser la próxima Navidad. Me agarró un sentimiento de rabia, de rencor, no contra la medida adoptada por mi ahora ex empleador, sino contra quién es el verdadero responsable de la crisis financiera que obligó a la Congregación Salesiana a racionalizar los recursos humanos y nos lanzó a la cesantía, poco menos que a la miseria: este Gobierno que promovió una reforma educacional que no tiene pies ni cabeza, que no busca la calidad sino que pretende implantar un modelo que miles y miles de chilenos rechazamos”.
Tras descargarse contra quienes califica de “responsables de su despido”, este profesor salesiano agradeció la posibilidad del desahogo, aunque pidió reserva de su identidad (“rastrean hasta los segundos nombres, los dos apellidos y todo aquello que pudiera servirles para identificarnos y, más adelante, vetarnos por conflictivos”), de sus iniciales y menos, una fotografía “aunque sea de espaldas”.
El martes, el rector del Instituto Don Bosco, Luis Velásquez, señalaba que “este ajuste que estamos haciendo es a consecuencia del futuro ingreso a la gratuidad, porque económicamente, tenemos que empezar a reducir los gastos internos”. Es decir, la disminución del copago instaurada por la reforma educacional comenzaba a hacerse notar.
No obstante, al día siguiente y tras una coincidente portada de los medios escritos de Punta Arenas en que se relacionaban los despidos con la implementación de la reforma educacional, la seremi Margarita Makuc, a través de un comunicado señaló: “Difícilmente podría culparse a la Reforma Educacional por estos despidos cuando los liceos San José y Don Bosco aún no han adherido a la gratuidad establecida en el Proyecto de Inclusión”.
Más voces
“Ya empecé a buscar una nueva pega. Yo era inspector de pasillo, pero sé toda la movida administrativa, de personal, sé computación y puedo enseñar, pero no tengo título ya que no pude seguir estudiando por falta de medios económicos. A lo mejor entro a alguna empresa regional y si no, trabajaré en lo que sea: turismo, chofer de colectivo, administrativo, pero tengo que salir adelante. Y pensar que di hasta mi voto a los mismos que hoy son responsables de mi despido”, contó otro de los removidos.
“A mí me dan vergüenza ajena estos despidos porque se han desprendido de personas muy valiosas en tareas docentes, de talleres. Yo fui despedido, pero tengo más pena, por ejemplo, por el profesor Javier Garay, asesor científico de unos chicos que desarrollaron el proyecto de generar combustible desde los desechos de la industria salmonera y que es conocido en todo el mundo. Pero si se termina el copago, como lo ha determinado este Gobierno con su reforma educacional, iniciativas y proyectos como ése no volverán a darse, porque, en este caso, el profe quedó cesante, aunque está con licencia hasta comienzos de enero”, explicó otro despedido.
“Yo empecé a enviar mi currículo a los establecimientos donde pudiera trabajar, aunque sea con menos horas, porque las necesidades de la familia no pueden postergarse. Tendré que enviar a mis tres hijos (15, 12 y 9 años) a colegios municipalizados y ya les pedimos que no dejen de estudiar, que se olviden de los problemas que pudieran tener con compañeros nuevos, distintos, y ya veremos, con mi esposa, cómo salimos de este mal momento y de qué manera enfrentaremos el futuro, pero no nos cruzaremos de brazos”.
“Yo protestaría en forma pública, pero me van a calificar de conflictivo y pueden cerrarse muchas puertas laborales. Me han llamado muchos padres y apoderados que querían ir a pararse y gritar su queja en las puertas del colegio junto a quienes fueron mis alumnos. Pero otros docentes, administrativos y auxiliares los hicimos desistir porque iban a empeorar la situación, ya que a algunos de los despedidos les insinuaron la posibilidad de ser recontratados, aunque con menos horas y en condiciones y regalías distintas. Veremos qué pasa porque a buen hambre no hay pan que sea duro”.
El presidente del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo San José, Julio Ojeda, confirmó que trató de ser “puente de plata” entre las partes (empleador y desvinculados por necesidades de la empresa), aunque terciar en el conflicto está fuera de sus atribuciones como parte de la directiva.
Ojeda reconoce que hubo que aquietar las aguas ante una eventual protesta por las medidas aplicadas, pero, indicó, la molestia, el dolor y la pena se mantienen, aunque no contra el colegio, sino contra los responsables del término del copago dentro de un tiempo, pero cuyas consecuencias se han dejado sentir ya en los colegios salesianos de Punta Arenas y en algunos de la zona norte y centro sur de Chile.