“Fue
casi un mes de angustia, de harta preocupación. Nos vimos afectados
todos”, dice Makarena Maldonado Pérez, quien ya puede estar más
tranquila. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas aprobó el recurso de
protección que interpuso y sus familiares seguirán recibiendo los
cuidados del Hogar Pepita de Amor.
Sus
dos hermanos de 35 y 26 años se encuentran postrados, donde uno
presenta una parálisis cerebral, mientras que el otro padece ataxia
espinocerebelosa y es dependiente de oxígeno. Su madre –que tiene 65
años– también requiere de cuidados exclusivos, pues también sufre de
ataxia y se encuentra en silla de ruedas.
Los
pacientes fueron cuidados en el domicilio de Makarena durante años.
Ella recibía el apoyo de su padre, pero a éste le detectaron un cáncer
renal en etapa IV. “Llegó un momento en que colapsé. Por eso empecé a
pensar en qué hacer y me dijeron que los llevara a una casa de reposo”,
dice.
Tras
toparse con hogares con listas de espera o que solo aceptaban a
mujeres, finalmente se topó con la casa Pepita de Amor. Le cobraban 1,5
millones al mes por sus dos hermanos y su madre, quienes recibirían
todos los cuidados necesarios.
Todo
marchó bien hasta el 3 de agosto. El hogar fue fiscalizado por la
Seremi de Salud y Senama, que resolvieron retirar a los dos hermanos del
hogar. Según una norma reglamentaria, en los establecimientos de larga
estadía para adultos mayores solo pueden vivir personas mayores de 60
años.
“Se
dejaron valer por una ley, pero no fueron capaces de pensar en la
excepción, de que este es un caso especial”, dice Makarena, quien
interpuso el recurso en contra de las instituciones.
La Corte le dio la razón. Las ministras resolvieron que lo decidido por las autoridades “se ampara únicamente en la edad
de los afectados, desconociendo sus derechos constitucionales y
consentimiento, vulnerando su derecho a permanecer en un lugar seguro y
recibiendo los cuidados que requieren”.
Cuando
leyó la decisión del máximo tribunal regional, Makarena no ocultó su
alegría: “Cuando leí el fallo, saltaba en mi casa con mis dos hijas. ‘No nos van a tocar a los tíos’, me decían. Este es un gran logro”.
Para
Makarena el problema es más profundo. “El Estado debe hacerse cargo de
este tipo de situaciones, de velar por este tipo de personas que no hay
nadie que los proteja o los defienda”, dice. “Lamentable el apoyo de
algunas autoridades. Gracias a Dios hubo un juez que fue capaz de tomar
una decisión”, agrega.