Fue
por unos momentos, como retroceder varios años hasta revivir violentos
episodios de manifestaciones, barricadas y enfrentamientos en las calles
de Punta Arenas.
Aunque
el Gobierno fue incapaz de desactivar la movilización ocurrida el
jueves en Punta Arenas y Natales, el delegado regional Presidencial,
José Ruiz, reaccionó con firmeza ante las demandas de los pescadores
movilizados por el conflicto de la luga.
El
problema se saldó con nueve pescadores detenidos, cuatro carabineros
lesionados, anuncios de demandas por parte de los dirigentes sindicales
que acusaron violencia excesiva, pero también con el anuncio de
millonarios recursos, más de cinco mil millones de pesos, para el
impulso de la pesca artesanal.
A
la postre, queda la sensación que esta fue una señal de cara a
eventuales nuevas manifestaciones de este tipo en una región, como
Magallanes, cada vez más estancada.
CONFLICTO ENTRE PRIVADOS
El
origen de este conflicto es, a todas luces, un conflicto entre
privados. En la semanas previas, las reuniones entre el sindicato de
pescadores Sur Austral y una empresa procesadora de luga, fracasaron
puesto que los pescadores pedían un pago de mil pesos por kilo de luga,
mientras que la empresa solo ofrecía 600 pesos, un valor que, según los
dirigentes pesqueros, hacía imposible siquiera hacerse a la mar, pues el
costo de tal operación era de por lo menos cinco millones de pesos,
según expresó Jorge Gallardo, presidente del Sindicato Sur Austral.
Sin
acuerdo con la empresa, los trabajadores realizaron intensas reuniones
con las autoridades de Gobierno, esta semana, con el objeto de solicitar
ayuda económica para pasar estos dos meses de paro.
Sin embargo, era evidente que poco
se obtendría de estas conversaciones, porque el Ejecutivo insistía en
que se trataba de un conflicto entre privados y que la solución era la
búsqueda de nuevos inversionistas para la luga regional en lo cual
estaba trabajando, mientras que los dirigentes de la pesca pidieron lisa
y llanamente un bono para enfrentar estos meses, pues según afirmaron
“son más de nueve mil pescadores y sus familias los afectados, esto es
un problema social”, dijo el presidente del Sindicato Sur Austral, Jorge
Gallardo.
El
martes hubo una reunión con la seremi de Economía, Marlene España, la
cual resultó infructuosa. Al día siguiente hubo otra con el gobernador
regional, Jorge Flies, quien les insistió en que se trataba de un
problema entre privados, pero se mostró dispuesto a proporcionar apoyo a
la pesca artesanal, previa presentación de un proyecto al respecto… lo
que tardaría semanas, cuando no meses…
Los
pescadores entendieron la posición del gobernador, pero dado que no
constituía una solución, anunciaron que esta vez, irían por las
movilizaciones. Al día siguiente, en la madrugada, empezaron las
protestas en Punta Arenas y Natales.
BARRICADAS
En
las primeras horas del jueves, pescadores artesanales de Punta Arenas
levantaron barricadas en el Cruce de la Muerte de Punta Arenas y también
a la entrada de Natales.
Aunque
en Natales el tránsito siguió normalmente, en Punta Arenas, la
movilización causó serios problemas a numerosas personas, incluidos
pasajeros que perdieron sus vuelos ante la imposibilidad de llegar en
vehículo hasta el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Algunos, sin
embargo, emprendieron la sacrificada caminata de más de 12 kilómetros
hasta el aeropuerto para no perder su vuelo.
También,
hubo actividades que debieron ser suspendidas esa mañana, como un
operativo del Registro Civil en Río Seco, el cual debió ser
reprogramado.
Frente
a ello, Carabineros pidió a los manifestantes abrir un pasillo por
donde los vehículos pudieron empezar a cruzar en fila, a través de la
barricada.
La
molestia del Gobierno por esta actitud, se hizo sentir de inmediato en
el comunicado dado a conocer por el seremi de Gobierno, Andro Mimica.
INDIGNACIÓN
“Frente
a las manifestaciones del sindicato de pescadores artesanales Sur
Austral que durante estos días se ha manifestado en contra del precio de
compra de la luga, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, entrega la
siguiente declaración: Como Gobierno creemos que siempre es el diálogo
el que debe primar frente a la resolución de conflictos,
precisamente en la situación que hoy día están viviendo algunos
trabajadores de la pesca artesanal. De 48 sindicatos, es sólo uno el que
ha llegado a un nivel de intransigencia, teniendo exigencias que están
más allá de las posibilidades que puede concretar el Gobierno,
entendiendo que es un problema entre privados. Sin embargo, a través de
la Seremi de Economía, hemos abierto las mesas de diálogo, con
compromisos que se han ido cumpliendo, además de gestiones realizadas
por nuestro delegado Presidencial, José Ruiz, en conjunto con el
director Nacional de ProChile, para poder abrir caminos a nuevos
negocios y nuevas futuras proyecciones internacionales, sobre todo en el ámbito de la pesca artesanal”.
A
las 11.45 horas, ante la decisión de los pescadores de no levantar la
movilización, Carabineros procedió al despeje de la ruta lo que desató
violentos enfrentamiento con los pescadores, el cual se extendió por
horas pues los manifestantes se opusieron con piedras a la acción
policial que debió recurrir a gases lacrimógenos y el uso de la fuerza
para despejar la ruta y apagar las barricadas en llamas.
Después de tres asaltos policiales y horas de enfrentamientos, finalmente fue posible restablecer la normalidad del tráfico.
El
saldo, fueron nueve pescadores detenidos los cuales fueron finalmente
dejados en libertad por la justicia, quedando con distintas cautelares
como arraigo regional y firma mensual. A la salida del tribunal, fueron
saludados como héroes por sus compañeros que los esperaban.
También, cuatro carabineros resultaron lesionados.
El
dirigente de la pesca artesanal Jorge Gallardo se mostró indignado por
el actuar policial y pidió públicamente las renuncias del comisario, el
seremi de Gobierno y el delegado regional presidencial, así como anunció
acciones legales contra las autoridades.
LLAMADOS AL DIÁLOGO
Empero,
esa misma tarde, el propio Gallardo fue recibido por las autoridades
regionales, en medio de llamados al diálogo y la búsqueda de soluciones
por parte de los parlamentarios.
La
diputada Javiera Morales expresó: “Conforme nuestras leyes, el Gobierno
no cuenta con mecanismos para fijar el precio de la luga, ya que se
trata de un contrato entre privados. Con todo, las autoridades
regionales han estado a disposición de dialogar con el sindicato y
buscar maneras de atender las demandas del sector, por ejemplo, con
ProChile. Espero que ese diálogo continúe de buena fe”.
A su vez, el diputado
Christian Matheson afirmó: “A pesar de ser un problema entre privados,
creo que si no hay acuerdo por parte del comprador y extractor, el
Gobierno debiera por lo menos servir de intermediador para ver a qué
acuerdo podría llegarse, para permitir que los pescadores puedan pasar
estos dos meses que son los más conflictivos”.
AVANCES
De a poco, el conflicto empezó a destrabarse.
Los
pescadores pidieron tres cosas: declaración de emergencia para el
sector de la pesca artesanal; la urgente necesidad de impulsar una
industria regional que permita el procesamiento y asignación de valor
agregado a los productos marinos de Magallanes; y el desarrollo de una
plataforma de investigación y ciencia para impulsar el desarrollo
sostenible de la producción pesquera artesanal.
Mientras, las conversaciones continuaban.
RESULTADOS
Finalmente, el viernes, el Gobierno anunció más de cinco mil millones de pesos para el fomento de la pesca artesanal.
El
seremi de Gobierno, Andro Mimica, se refirió así a los recursos que se
ponen a disposición para fomentar la pesca artesanal de la región. “Tres
mil millones de pesos que van a estar en un programa acorde al Gobierno
Regional, más de dos mil millones de pesos que se ponen para
investigación para el avance futuro de la pesca artesanal. Creemos que
son fondos que vienen a fortalecer la industria y hacer los avances
necesarios que se requieren para este sector”.
Sobre
el estado de catástrofe solicitado por el sindicato, “jurídicamente eso
es una imposibilidad, los estados de catástrofe tienen que ser por
órdenes naturales, ya sean terremotos, tsunamis, bacterias en el mar y
en este caso no es la situación”.
A
esa misma hora, el presidente del sindicato de pescadores Sur Austral,
acompañaba a sus compañeros en tribunales, ocasión en que formuló duras
críticas al actuar de Carabineros y de las autoridades regionales,
exigiendo las renuncias del delegado regional presidencial, el comisario
y el seremi de Gobierno, al tiempo que amenazaba con acciones legales.
Sin
embargo, en el centro de Punta Arenas, otros dirigentes de la
organización continuaban el diálogo y al conocer los resultados, se
mostraron esperanzados.
Manuel
Sanhueza, consejero de las organizaciones de pescadores declaró al
respecto. “Vamos por buen camino estableciendo un modelo de sensibilidad
social para esta delegación presidencial, que es necesaria para
destrabar este conflicto, es algo que no se había visto, los pescadores
artesanales no son números. Acá, hay una problemática social, que está
afectando a miles de pescadores que tienen familias e hijos”, indicó.
Es
de esperar que el trabajo iniciado esta semana dé sus frutos en los
próximos días, para el bien de miles de pescadores artesanales de la
región de Magallanes.