El alto precio de los terrenos, ha llevado a muchas familias a buscar terrenos y viviendas en los sectores más alejados del centro de Punta Arenas e incluso, fuera del radio urbano… pero si bien es posible encontrar valores más bajos, la otra cara de la medalla es que las condiciones de vida se precarizan, no sólo por la situación legal de esas compras (venta de derechos), sino incluso por el acceso a algo tan básico como es el agua potable.
Insólitamente, el área de concesión de Aguas Magallanes, no cubre ni siquiera todo el radio urbano de la ciudad, lo que pone en una situación especialmente vulnerable a las personas que viven en los sectores más alejados de la ciudad. Como dijo el arquitecto Miguel García, “en el sector sur se está configurando auténticos guettos urbanos que requieren de fuertes políticas públicas para acceder a todos los bienes sociales básicos en materia de seguridad e infraestructura”.
El reciente dato da cuenta de la magnitud de la brecha, pues si un terreno está fuera del área de concesión de Aguas Magallanes, se requiere de una solicitud expresa a la compañía para que tenga acceso a alcantarillado, debiendo el solicitante correr con el gasto de su instalación.
Situación normal
Y sin embargo, en la mayoría de los casos, así se ha hecho, pues ayer, la Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que en Punta Arenas, no hay familias carentes de alcantarillado, lo que se explicaría entonces por inversiones realizadas por los propios particulares, dado que tampoco se registran solicitudes de ampliación de esta zona.
Arriendos
Si bien la cobertura pareciera adecuada, hay un aspecto preocupante, el intensivo arriendo de los terrenos. Según la ley, a cada domicilio le corresponde un medidor. Pero en Punta Arenas, en muchos domicilios urbanos, existen dos, tres o incluso más grupos familiares viviendo en difíciles condiciones, debido a la escasez de viviendas y terrenos. Esto quedó en evidencia, durante el PreCenso, recientemente concluido. Antes de él y en base a los datos del cuestionado último censo, se creía que con cinco mil voluntarios podría realizarse este proceso en 2017. La realidad demostró que se requerirá seis mil, pues como reconoció el director regional del INE, José Parada, “se detectó un número mucho mayor de familias en los domicilios de Punta Arenas, lo que obligará a tener más censistas participando, para poder completar todas las entrevistas durante el día del censo”.
Consecuencia
El resultado es que en la casi totalidad de los casos, los arriendos de departamentos incluyen el consumo de agua potable, lo que se suma al valor del arriendo… encareciéndolo más de la cuenta y provocando exigencias insólitas, como el rechazo a la instalación de familias. “Le arriendo la vivienda, pero tienen que trabajar los dos, porque no me sirve que ella se quede en la casa haciendo gasto. No me sale a cuenta”, es una frase común de muchos arrendadores.
El director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Toro, explicó que instalar micromedidores al interior de las viviendas para parcelar es algo permitido por la ley y no representa un gasto excesivo. “Son equipos que no cuestan más de $35 mil”.
“Cuando le pedimos a la señora instalar un micromedidor y le dijimos que se lo pagábamos, casi nos echó. Claro, así ella cobra más”, nos dice un arrendatario.
René Formantel, vocero de la toma “Puño en Alto”, agrega: “Es posible que el alto valor de los arriendos esté dado también por este factor, pero no es algo que tenga tan claro. Pero sí es evidente que hay una situación de abuso que explica la toma”.