El próximo lunes 28 de marzo, en sesión del Concejo Municipal de Punta Arenas, se decidirá quién será el oferente que se adjudique el millonario contrato de la basura.
En la instancia se conocerá si el oferente ganador será nuevamente Servitrans, una de las dos empresas que están en competencia, siendo la restante otra de las poderosas firmas del rubro, Starco, la cual ya estuvo anteriormente operando en nuestra ciudad, teniendo en ese entonces a Alfredo Miranda como gerente.
Servitrans pidió por los servicios de recolección de basura y de limpieza de zarpas y aceras, más de $ 166 millones, mientras que Starco solicitó mensualmente unos $ 236 millones de pesos.
El Concejo Municipal deberá escuchar las ofertas que quedaron en competencia y serán sometidas a votación, y según establece la norma, Boccazzi necesita dos tercios de los votos de los concejales para entregar el contrato a una de las dos empresas.
La licitación de la basura ha sido una de las más desprolijas a juicio del mundo político y empresarial, quienes desde que se conocieron las bases administrativas objetaron la legalidad de las mismas y el proceso irregular por el que ha pasado hasta la fase final.
Cuatro concejales han presentado objeciones en distintas instancias; Vicente Karelovic, Andro Mimica y José Aguilante en la Corte de Apelaciones y Juan José Arcos en la Contraloría General de la República.
Además de ello, la empresa Áreas Verdes a través de sus asesores legales presentaron un pedido de impugnación al Tribunal de Contratación Pública, petición que está vigente.
La comisión evaluadora que tuvo en un principio el proceso licitatorio, solicitó al alcalde Boccazzi revocar las bases adminsitrativas y llamar a otra licitación, por considerar que se estaba ante un trámite que no resguardaba la igualdad de competencia entre los oferentes y que el articulado de las pretensiones era ilegal y arbitrario, y que el equipo no tuvo asesoría jurídica de parte de los abogados municipales.
Este lunes, se conocerán los votos de los concejales, de aquellos que no han omitido opinión y de aquellos que han objetado el proceso por irregular.