Entre
las seis modificaciones presupuestarias del erario municipal, sólo una fue
temporalmente desestimada y causó polémica entre los concejales. Se trata de la
devolución de más de $ 33 millones a la empresa Servitrans, encargada del
servicio de recolección de basura domiciliaria en Punta Arenas, por concepto de
multas que fueron cobradas inapropiadamente.
Así lo
dio a conocer el asesor jurídico del municipio, Rodrigo Henríquez, quien
explicó al Concejo Municipal que al menos 17 infracciones cursadas en contra de
la empresa no fueron debidamente notificadas, sino que se cobraron los
descuentos correspondientes por los incumplimientos, sin que la concesionaria
tuviera opción de defenderse.
El
alcalde Emilio Boccazzi manifestó que el cobro de dichas infracciones se generó
por la poca claridad de un procedimiento para la resolución de divergencias
entre la Dirección de Aseo y Ornato -que actúa como unidad técnica- y la
empresa concesionaria.
El
director de dicha repartición, Mario Almonacid, defendió las multas cobradas y
sostuvo que fueron “por incumplimientos, como falta de maquinaria y otras cosas
que fueron sumando. Ese mes fue especialmente oneroso y no se puede dejar
pasar”.
Almonacid
expuso ayer las acciones que lleva la unidad técnica para fiscalizar el
cumplimiento de la empresa Servitrans, tras una solicitud de los concejales.
Algunos de ellos sintieron que no se respondió a todo. Entre ellos estuvo José
Aguilante, quien insistió en que “aquí hay un reconocimiento tácito de que hay
incumplimientos, porque hay infracciones y ahora hay que devolver los dineros.
En todas partes, donde una persona incurre en una infracción, lo que
corresponde es que sea aplicada”. Cuestionó, además, el cumplimiento de los
servicios adicionales, como el barrido de calles y el retiro de papeles.