Un
verdadero dolor de cabeza han vivido 136 uniformados del Ejército en
Magallanes, entre miembros activos y jubilados, quienes como cualquier
persona han anhelado por varios años obtener una vivienda, invirtiendo
su dinero en un proyecto que a la fecha ha resultado infructuoso, y que
dista mucho del “sueño” de la casa propia.
Se
trata de los postulantes del conjunto habitacional Villa Pudeto II, que
comenzó a gestarse en septiembre de 2017, época en que se inició la
construcción de las 136 viviendas en la prolongación de la avenida Los
Flamencos, sector norponiente de Punta Arenas, para funcionarios de la
institución castrense, en un proyecto que involucraba los esfuerzos
conjuntos de la agrupación antes mencionada, el Comando de Bienestar del
Ejército y la ya desaparecida empresa Alcarraz Limitada.
En
el devenir de los hechos, los aspirantes ingresaron a una carpeta de
postulación y una vez que calificaron se les empezaron a descontar
algunos montos mensuales por conceptos de ahorro y dividendos futuros, y
en paralelo se inició la construcción del proyecto, el que una vez que
terminara, las personas en virtud de estos descuentos en sus planillas
de liquidaciones ya habrían juntado el diez por ciento para el pie de la
vivienda, cancelando ya una parte del dividendo.
Posterior
a aquello, la agrupación les entrega una unidad propia con un crédito
hipotecario que es intermediado por la Jefatura de Ahorro para la
Vivienda del Ejército (Jave). Cabe señalar que en este mismo periodo se
dio inicio a otros proyectos como Villa Pudeto I, que concluyó con
normalidad, al igual que en Puerto Natales, donde se llegó a buen
término.
¿Qué falló?
En
diciembre de 2018 la constructora paralizó las obras y desde ese
momento se encuentran inconclusas y abandonadas, sin que los interesados
tengan certeza del destino de las mismas mientras se les siguen
descontando de sus jubilaciones importantes sumas de dinero mensual por
pago de dividendos anticipados.
“Lo
que ocurrió acá fue que al año de empezar la construcción la empresa
Alcarráz Limitada, que era una constructora de Valdivia y había hecho
todos los proyectos del Ejército en Magallanes, Aysén, Arica, Valdivia,
entre otras ciudades, comenzó a entrar en cesación de pagos con sus
trabajadores, entonces el Ejército dejó de cancelar los estados de pago y
las obras quedaron abandonadas. Ahí es donde se genera toda la
situación dañosa que la gente que estamos representando está tratando de
solucionar y de reclamar los perjuicios”, explicó el abogado Juan
Bahamonde Pérez, socio de DefensaMagallanes.cl
Desde
el momento en que se paralizaron las obras y que los trabajos quedaron
literalmente “botados” han transcurrido casi 19 meses, y a los
postulantes se les han seguido generando los descuentos que alcanzan los
300 mil pesos mensuales de sus pensiones por dividendos.
“Como
el proyecto habitacional tendría que haber terminado en febrero de este
año, ellos han estado todo este tiempo sin la casa, sufriendo los
descuentos y además teniendo que pagar una arriendo porque obviamente no
tienen vivienda. Al final sus liquidaciones de pensiones quedan en cero
y no tienen tampoco para vivir. Pero el mayor problema que tienen es
que no existe certeza en qué circunstancias va a continuar la
construcción del proyecto habitacional” agregó.
En
ese sentido, existirían negociaciones entre el Comando de Bienestar del
Ejército, la Agrupación de Vivienda de Villa Pudeto II y alguna otra
constructora de la zona para continuar con las obras, pero éstas se
ejecutarían al doble del valor original, es decir que si el grupo iba a
pagar por su casa aproximadamente 60 millones de pesos, cuando termine
este proyecto les costaría el doble, casi 120 millones de pesos, pagando
un dividendo de alrededor de 700 mil pesos, y lo más probable es que no
califiquen tampoco para el crédito hipotecario por el monto de sus
liquidaciones.
Medida prejudicial
Debido a lo anterior, tres exuniformados
de los 136 postulantes por medio del profesional letrado, presentaron
ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas una medida prejudicial que
busca que el Ejercito de Chile dé a conocer antecedentes relativos al
proyecto de construcción, es decir, las sumas que cada uno de los
representados ha aportado, con miras a evaluar la interposición de una
demanda judicial en contra de quienes resulten responsables por los
daños y perjuicios sufridos por el fallido proyecto inmobiliario, y se
instruyó que el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas sea el tribunal
correspondiente que resuelva esta situación.
“Nosotros
manejamos cifras de que cada uno ha pagado alrededor de 11 millones de
pesos por su casa, a través de estos descuentos que se comenzaron a
generar desde 2017. Con esta medida buscamos es preparar la entrada a un
futuro juicio, básicamente estamos solicitando antecedentes del
Ejército sobre el proyecto de construcción en sí, y sobre la base de
aquello presentar una demanda en contra de quienes consideremos que
resulten responsables”, complementó Bahamonde.
A
su vez, aseguró que “ante la eventualidad de que no van a poder
calificar cuando este proyecto termine, lo único que les interesa ahora
es poder paralizar estos descuentos mensuales y ver la posibilidad de
recuperar estos fondos, porque ya esa casa no la van a poder pagar
cuando llegue el momento, y es poder reparar el daño económico y
patrimonial que han sufrido al haber pagado estas sumas de dinero por
estas casas que no van a tener”.
Cabe
resaltar que en abril del año pasado se informó por parte del Comando
de Bienestar del Ejército que el proyecto estaba completado en un 80 por
ciento, y la urbanización en un 70 por ciento. La mayoría de las casas
en la actualidad ya están levantadas pero a medio terminar, sin embargo
aún no hay calles pavimentadas o ductos de alcantarillados, tampoco hay
conexiones eléctricas, entre otras cosas que están al debe.