Existe
un derecho básico, como es el derecho a vivir en familia, por tanto,
todo niño debe tener la oportunidad de contar con un espacio seguro de
cuidado, cariño y protección, donde exista en lo posible un intercambio
intergeneracional, ayuda mutua, gratuidad y cuidado.
En
Chile, si bien es cierto que existe el sistema de residencias llamadas
comúnmente hogares, y que en la media de sus posibilidades buscan dar
cuidado a los niños, no siempre son un buen espacio para su desarrollo,
explica la especialista.
Ante
este escenario, cada vez con más frecuencia se privilegia la derivación
a familias de acogida, ya que posibilitan al niño tener una figura,
que, con la presencia de otros integrantes del núcleo, lo ayude a crecer
y desarrollarse en un entorno donde se valora y se aprecia su
singularidad, donde puede dar y recibir cariño, cubrir sus necesidades, y
prepararlo para la revinculación con su familia de origen o una
adoptiva.
De
acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Protección Especializada en
la Niñez y Adolescencia, a septiembre de 2023 se registraban 126.264
niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de protección. De
ellos, 8.809 lo hicieron en proyectos de familias de acogida, un sistema
poco conocido en Chile y que busca posicionarse como una alternativa de
cuidado para evitar la institucionalización de los niños, ofreciéndoles
un espacio seguro de vivienda y acogimiento.
En
este contexto, las familias de acogida se plantean como la mejor
alternativa para descomprimir las residencias y mejorar las condiciones
de los niños que esperan un hogar definitivo, si bien funcionan de
manera transitoria, los cuidadores pasan por un proceso de postulación y
capacitación que dura en promedio tres meses, en el que se revisan los
antecedentes y condiciones de las familias interesadas para procurar
ofrecer un espacio confortable y apto a las necesidades de los menores.
Ningún
niño debiese dormir en un lugar inseguro o descuidado. La política de
familias de acogida permite que la sociedad civil se involucre en el
cuidado de los niños y adolescentes vulnerados, aportando cuidado y
protección a quienes más lo necesitan.
Nosotros
como parte de la sociedad tenemos el deber de resguardar y entregarle
protección a cada niño y hacer que nuestras políticas públicas sean
certeras, se cumplan y por sobre todo que su propósito se lleve adelante
y que ningún niño de nuestro país viva en condiciones no optimas.