Hace
unas semanas llamábamos la atención por la forma en que el proceso de
nombramiento de la persona que liderará una entidad clave para la
seguridad de las personas, en el que participan los tres poderes del
Estado, estaba siendo problemática. Lamentablemente lo que siguió a la
formación de la quina por la Corte Suprema no fue más auspicioso y
terminó en el rechazo de la primera propuesta del Presidente de la
República por el Senado, en medio de acusaciones cruzadas.
No
es primera vez que ocurre algo así en estos procesos de nominaciones
(aunque sí en el Ministerio Público). Se han rechazado -o retirado por
su inminente rechazo- nombramientos de ministros de Corte Suprema, del
Tribunal Constitucional, miembros del Consejo para la Transparencia,
Contralor General de la República, entre otros.
Este
proceso de nombramiento ha sido señalado por diversas personas, incluso
senadores, como uno de los más sucios vistos. Lobby descarnado de
abogadas y abogados, campaña sucia de los medios de comunicación,
ventilación de situaciones personales de las candidaturas, entre otras.
La
nominación frustrada es un golpe para los tres poderes que participaron
en este proceso y no solo para el Gobierno. Los tres se han visto
cuestionados por su real transparencia y motivaciones en el proceso y es
su alicaída confianza y legitimidad la que se pone en entredicho. Lo
mismo con el Ministerio Público que sigue sin liderazgo hasta nuevo
aviso.
Si
bien el proceso de nominación cuenta con cierta transparencia y
rendición de cuentas, al parecer ésta no ha sido suficiente. La
transparencia es la capacidad de poder ver a través de, de que la
información sea clara, sencilla, sin ambigüedad y comprensible.
No
se trata de que todo el proceso, deliberación y actuaciones sean
transmitidas cual “reality show”, pero sí que se expliquen por sí
mismas, algo que al parecer no se ha logrado. Sabemos cómo votó cada
Ministra/o de la Corte Suprema, mas no la razón detrás; lo mismo ocurre
con el Presidente de la República porque las razones entregadas en esta
ocasión podrían haber valido para
cualquiera que hubiera tenido un alto apoyo de la Corte Suprema.
Probablemente sólo en el Congreso se dieron razones concretas para
apoyar o no a Morales (las que pueden o no ser consideradas suficientes o
creíbles).
Otro
de los problemas del proceso actual es que no necesariamente permite a
quienes deben tomar la decisión evaluar características claves, como el
liderazgo y capacidad de gestión de este tipo de entidades. Recordemos
que no estamos en búsqueda de la persona que más conocimientos técnicos
tenga o capacidad de investigación, sino que sea capaz de liderar una
institución cuestionada y con un clave rol y escasos recursos para hacer
frente a desafíos como la seguridad pública y lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Pero, ¿qué podemos hacer para no repetir estas situaciones? Quizás mirar las experiencias de otros países nos puede ilustrar.
En
Estados Unidos, por ejemplo, las audiencias son procesos complejos, que
duran varias semanas, donde se recopilan antecedentes, se establecen
los puntos a tratar en las audiencias y las y los postulantes pueden
hacerse cargo de información que circula en medios, con más detalle, y
los parlamentarios preguntar y contra preguntar e incluso en ocasiones
se permiten testigos.
Al
ampliarse el período de audiencias, se permite que nuevos antecedentes
que salgan a la luz sean sopesados dentro del proceso. Tanto el Poder
Ejecutivo como Legislativo realizan investigaciones, que incluso indagan
en la vida privada de las personas propuestas, algo más bien típico de
la cultura norteamericana.
En
Argentina se ha establecido que los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán
presentar sus posturas, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de
preselección, por escrito y de modo fundado y documentado.
Esto
surge de una limitación que se auto impuso el ex presidente Néstor
Kirchner para el nombramiento de Jueces de la Corte Suprema y Procurador
General y que ha demostrado su utilidad permitiendo a organizaciones
una suerte de recusaciones de postulantes que habían faltado a la verdad
en su currículum y ha permitido a estas organizaciones participar de
las audiencias y prestar su opinión.
En
Colombia también se han incorporado audiencias ciudadanas, donde
organizaciones gremiales, academia y la sociedad civil pueden
participar. No son perfectas porque finalmente la decisión es política,
pero permite tener un rol y elevar los costos de decisiones basadas en
transacciones o intentos de captura de las entidades.
En
nuestro país, lamentablemente el Colegio de Abogadas y Abogados y
universidades no se han involucrado más activamente, de modo de generar
un proceso más reflexivo sobre las cualidades de liderazgo para dirigir
organizaciones tan relevantes.
Esto
puede cambiar, ya sea porque se empoderen de dicho rol o porque
modernicemos los procedimientos que, durante un buen tiempo, fueron
claves para darle legitimidad democrática a entidades no electas pero
que, todo indica que en pleno siglo XXI, con una ciudadanía más
informada, empoderada y crítica, no son suficientes.