Tras un largo proceso en tramitación, más de cinco años, finalmente se aprobó la ley de turberas, norma que busca prohibir la extracción de turba a lo largo del territorio chileno.
Bajo esa premisa, la ministra del Medio Ambiente, María Heloisa Rojas Corradi, visitó la Reserva Nacional Magallanes para hablar con los encargados del recinto sobre la nueva ley, entendiendo que este espacio cuenta con más de 5.800 hectáreas de turberas en protección.
“La turba es la parte orgánica más profunda de estos ecosistemas que son humedales, en donde se encuentra un enorme reservorio de carbono y de metano. Por lo tanto, queremos que ese carbono se mantenga ahí y que no se vaya a la atmósfera y de esa manera no contribuya al cambio climático. Por eso es importante protegerlo”, indicó la ministra.
A esas palabras se sumó Erwin Domínguez, director del INIA Kampenaike, quien comentó: “La relevancia de esta ley es poder de alguna manera resguardar uno de nuestros ecosistemas más relevantes del mundo. Este se encuentra principalmente en la Patagonia Austral, la cual además es una fuente importante de agua y de biodiversidad”.
En la región, estas especies de humedales dotan de agua a los diversos ríos del sector, siendo alguno de estos el Río de las Minas, Chorrillo el Cable y Tres Puentes.
Dentro del marco legal de la ley, se aprobó además la explotación del pompón, elemento que se encuentra en la cubierta de las turberas. Esta dispone de una actividad económica, por lo que la ley “permite mantener esa actividad a través del concepto de un manejo sustentable. Una cosecha sustentable del pompón que se va a hacer a partir de ahora con un plan de manejo”, indicó Rojas.
Un grave problema en la Reserva
Durante la visita, la ministra aprovechó de destacar una grave situación que tiene el espacio, el cual tiene que ver con la intervención de estos sectores por parte de vehículos motorizados, los cuales pasan de manera irregular por las turberas.
Este problema lo detalló Marcelo Martínez Bahamonde, administrador de la Reserva Nacional Magallanes, la cual ha afectado a 158 hectáreas, de las cuales 116 son de turberas. Debido a esto se presentó “una querella para quien resulte responsable. La brigada de delitos ambientales de Aysén estaría llegando esta semana para levantar la información proporcionada por nosotros”.
“Hacemos un llamado a entender de que estas actividades en estos sistemas que son frágiles pueden tener un impacto tan importante como disminuir la cantidad de agua que le llega a la ciudad de Punta Arenas. Por lo tanto, un llamado a darse cuenta de que si está protegido es por algo”, sentenció María Rojas.