El
30 de noviembre las autoridades de los servicios públicos renovaron su
planta para el próximo año y, como ocurre sobre todo cuando ingresa un
nuevo gobierno, las autoridades deciden prescindir de algunos
colaboradores. Hace unos días se le informó a dos funcionarias de la
Seremi de Desarrollo Social y Familia que no les renovarían sus
contratos, dejando en evidencia una serie de irregularidades en el
servicio.
Fuentes
cercanas a Pingüino Multimedia expresaron que existen numerables
sucesos desde la asunción del seremi Danilo Mimica y su jefe de gabinete
Mauricio Tapia, los hechos se relacionan a denuncias al interior de la
institución por parte de funcionarias de su repartición fundamentando
acoso, hostigamiento laboral y persecución, todo lo anterior estampadas
en la Contraloría General de la República y la Asociación Chilena de
Seguridad.
Actualmente
el servicio cuenta con un sumario administrativo instruido por la
Contraloría en etapa investigativa por acoso y vulneración a la
privacidad, donde habrían más funcionarios del servicio que estarían
involucrados en estas malas prácticas. Además, se encuentra una tutela
laboral por vulneraciones de garantías fundamentales y daño moral que
presentó una funcionaria, específicamente vulneraciones a la protección a
la maternidad entre otros hechos que serán materia judicial.
La
situación más grave se da con la desvinculación de una funcionaria pese
a estar embaraza con 23 semanas de gestación, pese al conocimiento del
seremi Mimica de la situación que no reversó dicho acto administrativo
con la comunicación del estado de gravidez de la funcionaria. Esta
situación se repite dentro del servicio, donde ya habían antecedentes de
vulneraciones a la protección de la maternidad lo que los tiene
actualmente en un litigio judicial, y agrava aún más las situaciones
ocurridas dentro del servicio. Cabe señalar que ambas desvinculaciones
vienen con la rúbrica del Ministro de Desarrollo Social y Familia,
Giorgio Jackson, actual ministro que debería estar en conocimiento de
esta situación arbitraria y discriminatoria.
La
actual presidenta de la ANEF y presidenta de la Asociación regional,
Evelyn Córdoba, es funcionaria de esa repartición, y sin embargo, en su
propio radio de acción, se vulneran y pasan a llevar la protección a la
maternidad por partida doble, además de presenciar la violencia de
género y discriminación arbitraria hacia funcionarias de su propio
servicio que están siendo desvinculadas.