Gobierno lamenta postura de familias que mantienen tomados terrenos privados

El Gobierno reaccionó ayer enérgicamente a la toma que mantienen decenas de familias en Enrique Abello con Esteban Capkovic, en Punta Arenas. A través de un comunicado manifestaron que “lamentamos el actuar de un grupo de personas que optó por la vía de la toma de un terreno privado, para plantear sus demandas habitacionales, ya que existen las instancias para atender tanto a familias como a agrupaciones debidamente conformadas, orientándolas en los programas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los requisitos de postulación, según sea su acreditación socioeconómica.
En el texto se agrega que durante los últimos días “se han recibido numerosas denuncias acerca de asesores externos que vía redes sociales hacen llamados a conformar agrupaciones, generando falsas expectativas en la comunidad. Por eso, invitamos a las familias a actuar de manera informada, enfocando su tiempo y esfuerzo de ahorro en postular al subsidio que corresponde a su calificación socioeconómica, como vía segura para obtener su casa propia”.
Antes de la reacción gubernamental las familias habían decidido mantener la ocupación exigiendo la presencia del intendente Jorge Flies.
Los pobladores se sienten decepcionados y estafados por  eso justifican su medida, ya que según ellos desde hace largos años, luchan y trabajan por obtener una vivienda, una solución habitacional digna y que por eso perdieron la paciencia
El terreno ocupado se ubica en calle Enrique Abello con Esteban Capkovic, a las espaldas de la Población Cardenal Silva Henríquez.
Allí, bajo árboles ya vestidos de otoño, instalaron carpas, un comedor que se nutre de lo que se prepara sobre una parrilla, bajo la cual arden restos de madera y troncos aportados por los mismos ocupantes del terreno y que, por las frías noches y madrugadas de abril, iluminan y algo entibian el entorno.

Testimonios
Luis Jara lleva diez años luchando por tener una vivienda propia, en la cual cobijar a su esposa y a sus tres hijos, de 13, 12 y cinco años.
Fanny Bustamante es soltera, jefa de hogar, orgullosa madre de un niño de 5 años y lleva más de tres años esperando acceder a una casa “pero nos estafaron y nos exigen muchos requisitos y el sueldo no da y no da”.
Nince Villanueva es madre de dos hijos, de 17 y de cinco años; hace tres años que, con sacrificio ha luchado por una vivienda que siente y ve lejana porque debe vender perfumes por toda la ciudad “y saber a quién venderle; quién paga y quién no  y cuesta reunir lo necesario para vivir y es difícil reunir dinero para el ahorro”.
Carolina Ahumada, también lleva tres años esperando una casa propia que se le alejó y que esperaba para compartirla con sus dos hijos, de siete años y uno pequeño, de apenas uno.
Johana Williams, soltera, madre de un hijo de 11 años, lleva cinco años tras una casa propia.
Por su parte, Gabriela Llanquín, no tiene casa y debe sostener a sus dos hijos, de un año y otro de sólo seis meses que “por ser chiquitos no los traemos para acá”.
Karina Hernández es madre de dos hijos, de cinco y ocho años, y desde hace cuatro años lucha por su meta, vendiendo en las ferias de “Lorca” y en la de Martínez de Aldunate.
Los testimonios de estas personas, entregados en forma amable, en torno a un fuego donde se preparaba el almuerzo de ayer lunes (arroz con salchichas) coinciden: están y se sienten impotentes ante el poder y la lentitud de la burocracia estatal; decepcionados de los servicios públicos pertinentes, que no dan soluciones que le permitan a familias como las que ellas tienen y en muchos casos encabezan (“con mucho orgullo y a mucha honra”), acceder a una vivienda digna; rabia contra un par de “asesoras externas” del Serviu, expertas en quedarse con el dinero que, confiadamente y urgidas entregaron por una solución que no llega tan velozmente como sus urgentes necesidades lo exigen, y molestas con autoridades que no han llegado (“queremos al intendente aquí, con soluciones concretas”) y con políticos que  “no llegan solos y que no hablan sin una cámara” o que piden más de algo a cambio de alguna ayuda, cuando haya elecciones.
Medidas acordadas
“Tenemos un reglamento interno, el cual establece derechos, pero también deberes de quienes han adherido o se sumarán a la “toma” del terreno. Y establecimos una “zona libre de alcohol” muy rigurosa, porque no queremos ni buscamos tener problemas con nadie”, afirmaron las ocupantes del terreno, mujeres de trabajo en su mayoría, a todas luces esforzadas y convencidas de que, agotados los medios de diálogo, han buscado una ruta alternativa hacia la casa propia que esperan ya por largos años y que tanta veces las han oído en vibrantes discursos, pero que aún siguen siendo eso: palabras.
Artillería pesada
“A ellos les decimos y les diremos que sí a todo, pero serán nuestras manos las que sujeten el lápiz” y serán sus conciencias las que marquen sus preferencias cuando haya que votar, añadieron. Están indignadas contra Mireya Patricia Ojeda y Nancy Pailacheo, a la primera de las cuales la sindican como responsable de varios manejos de dinero a través de agrupaciones de postulantes a vivienda y que sólo habrían favorecido su situación económica, y a la segunda, como promotora de otra agrupación, pero para discapacitados y descendientes mapuches.

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