Seis
días se cumplen hoy desde que el pasado miércoles el juez de Garantía,
Franco Reyes ordenó el ingreso a la cárcel de un sujeto de iniciales
J.C.R.B., luego de que la Fiscalía le imputara el delito de abuso sexual
reiterado, con y sin contacto corporal, en perjuicio de hija, hechos
que habrían sucedido entre 2009 a 2012 en Punta Arenas.
Sin embargo,
el padre de la menor al momento de la audiencia que se realizó mediante
la plataforma Zoom, no estaba detenido, por lo que nunca se presentó
ante una unidad policial para ser encarcelado, por lo cual Carabineros y
la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron un amplio despliegue para
dar con su paradero.
Al
respecto, la abogada querellante del Programa de Representación
Jurídica “Tus Derechos”, Claudia Guerrero, manifestó su preocupación
aseverando que “no es lo ideal que suceda esto en este tipo de casos”,
lamentando que como representantes de la víctima no pueden efectuar
solicitudes de algún tipo de medida previa a la formalización.
“De
hecho la decisión de formalizar es exclusiva del Ministerio Público, y
la solicitud de una orden de detención para los efectos de asegurar la
comparecencia del imputado también pasa por la decisión de la Fiscalía”
precisó.
– A su juicio ¿qué falló en el procedimiento?
“Lamentablemente,
en el contexto actual de pandemia, se dan estas situaciones donde el
imputado no está de manera presencial en el Tribunal. De hecho, como
anécdota, el imputado había llegado al Tribunal antes de la realización
de la audiencia, y como el edificio estaba cerrado se le informó a
través de los funcionarios de acta que debía conectarse mediante la
modalidad de videoconferencia. Siempre se confía en la buena fe de las
personas, pero lamentablemente esta es una experiencia que asumo que
también la Fiscalía lo tomará en cuenta para el futuro, de que en este
tipo de causas de tanta gravedad donde se piensa solicitar este tipo de
medidas cautelares tan gravosa se podía haber solicitado una orden de
detención para los efectos de asegurar la comparecencia del imputado”.
-Dice
que esta es una experiencia para que la próxima vez no vuelva a
ocurrir, o sea, ¿en este caso también se pudo haber solicitado antes una
medida para evitar esta situación?
“Eventualmente
se podría haber hecho, pero no por parte de los querellantes, porque
como facultad lo que podemos hacer es solicitar medidas de protección
para la víctima, como la salida del hogar común o una prohibición de
acercamiento, pero no para los efectos de asegurar la comparecencia del
imputado al Tribunal. Eso lamentablemente la ley no lo permite y
solamente es resorte del Ministerio Público”.
– ¿Existen nuevos antecedentes que puedan dar una pista sobre el paradero de esta persona?
“Hay
preocupación por la eventualidad de que este sujeto pudiera salir del
país, atendido a ciertas relaciones familiares que tiene en la
actualidad con ciudadanos extranjeros. Es por eso que nosotros hablamos
con la niña y con su familia, y todos los datos anexos que pudimos
recabar fueron proporcionados a la fiscal del caso para que ella
determine las instrucciones que correspondan a la Policía de
Investigaciones, para los efectos de ayudar a que se encuentre a este
imputado lo antes posible.
– Usted como abogada representante de la víctima y su familia ¿ha podido conversar con ellos? ¿Qué le han expresado respecto de esta situación?
“La
niña está tranquila, cuando se decretó la prisión preventiva se le
informó y como toda víctima en este tipo de casos, se sintió muy
satisfecha con la decisión que había tomado el Tribunal, y obviamente
esta situación, que esté prófuga la persona, vuelve todo nuevamente a
una incertidumbre, pero ella está consciente de que no se puede revelar
la identidad de este sujeto ni tampoco publicar una fotografía de él
porque eso lleva inmediatamente a la identificación de la niña, y esto
lamentablemente a su vez puede provocar una estigmatización de ella en
su círculo social, y esa es la razón por la cual estas causas se
mantienen reservadas”.