El proyecto para habilitar el antiguo edificio de la Avenida Colón, a la
altura del seiscientos, entre Bories y Chiloé, como el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, ha generado polémica entre sus
impulsores.
El creador del proyecto del museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, el arquitecto Miguel Lawner, quien reitera a menudo su
condición de ex preso político en la isla Dawson, ha defendido su
proyecto y sus características.
El profesional ha asegurado a la
opinión pública que ese museo no será un lugar de comercialización de
objetos que pudieran ser calificados como “souvenirs”, sino que, como
ocurre en otros museos del mundo, al ser parte de las colecciones de ese
museo corresponden a lo que podrían ser “0bras de arte” que expresan
las vivencias de quienes, según ellos, sufrieron la represión del
gobierno de las Fuerzas Armada y de Orden.
Y en un documento que ha
circulado entre los integrantes de las organizaciones de derechos
humanos, se hace mención a litografías y retratos de artistas que
también estuvieron detenidos, como Héctor Avilés; a obras literarias que
recogieron sentimientos y vivencias de los detenidos, preferentemente
los de isla Dawson, como los poemas del fallecido Aristóteles España o
las piedras talladas por los presos durante su cautiverio en la isla
Dawson.
Todo ello sería expuesto y vendido en ese lugar de
comercialización, sin que pudiera ser considerado como “una boutique” de
los derechos humanos y que, siguiendo los pasos de otros recintos del
mismo estilo que funcionan en países europeos, estará en un entorno que
comprendería una cafetería y otras dependencias ubicadas en los tres
pisos del futuro museo.
Y es aquí donde vuelven a oírse voces
críticas porque, para acceder a los pisos superiores del museo, una vez
construido, se ha venido hablando de dotarlo de un elevador o ascensor
que favorezca el acceso de adultos mayores o discapacitados que pudieran
llegar a visitar el recinto, como público en general o como antiguas
víctimas de las medidas dispuestas en su contra por el gobierno militar
en la región o en el país, incluso residentes en el extranjero.
Algunos
sectores lo aprueban señalando que sería “para darle facilidades a esos
visitantes”, mientras que otros, más parcos y más apegados al
estoicismo revolucionario que aún cultivan, lo rechazan porque estiman
que una comodidad excesiva es opuesta al sentido original del museo y su
espacio, esto es, un sitio de memoria, lo cual excluiría la posibilidad
de utilizarlo con esas finalidades “de mercado”.
Lo concreto es que
han surgido controversias entre los impulsores del proyecto de Lawner;
que el proyecto en sí no pudo ser expuesto al Concejo Municipal, que no
dio el quórum necesario al alcalde Boccazzi, porque la mayoría de sus
integrantes no concurrió a la sesión convocada hace unos días, y que los
miles de millones destinados por el Gobierno Regional a la construcción
y habilitación del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos siguen
disponibles para varias organizaciones que afirman defenderlos y que
están integradas por dirigentes y militantes de los partidos políticos
que integraron la desaparecida Unidad Popular y que tuvieron algún grado
de responsabilidad política durante lo que algunos historiadores
denominan “los mil días del Gobierno de Salvador Allende”.