Armadas de
hidrolavadoras portátiles, trabajadoras de la Intendencia Regional de
Magallanes intentaban ayer sacar las manchas de pintura que, la tarde del
jueves, un grupo de manifestantes dejó como recuerdo de su malestar. Los
intentos fueron fructíferos y, ya en la tarde, eran pocos los vestigios de la
protesta.
En el Gobierno
Regional, no obstante, no olvidaban. La intendenta (s) de Magallanes, Paola
Fernández, y el seremi de Gobierno, Baldovino Gómez, concurrieron ayer al
Juzgado de Garantía de Punta Arenas para interponer una querella en contra de
los 18 detenidos que tomó Carabineros el jueves y contra quienes resulten
responsables por los daños ocasionados.
“Este es un
edificio patrimonial y nos parece que quienes cometieron estos hechos deben
asumir los costos”, sostuvo Fernández, quien agregó que “no se solicitó
autorización para esta manifestación. Nos parece que estas situaciones se
pueden evitar mientras se hagan las solicitudes previas. Esto es lamentable
para toda la sociedad”.
Ayer, las
personas detenidas -ocho de los cuales eran menores de edad- no pasaron a
control de detención y fueron dejadas en libertad, una decisión sobre la cual
el GORE evitó entrar en polémica. “Eso lo determina otro poder del Estado”,
dijo Fernández.
A su vez, Gómez
sostuvo que “nuestra opinión se está dando acá, presentando esta querella.
Carabineros tendrá que entregar los antecedentes que sean necesarios. Cada uno
tiene que cumplir con las responsabilidades que le competen”.
El seremi de
Gobierno agregó que “el Gobierno va a seguir garantizando el derecho a que la
gente se manifieste, pero con acciones que protejan la democracia. Desconocemos
cuáles eran las demandas o aportes que querían hacer al sistema democrático”.
En tanto, el GORE
evaluaba la magnitud de los daños para verificar si sería necesaria una
presentación ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Ello, porque el edificio
está emplazado dentro de un sector declarado “zona típica” y cualquier
intervención mayor debe ser autorizada por ellos.
En definitiva, de
ser necesario volver a pintar, las acciones podrían tardar, a la espera de esa
respuesta; en cambio, si la acción de las hidrolavadoras fue suficiente, puede
que ello no sea necesario.
“Los querellados
arriesgan penas de reclusión menor en su grado medio máximo, de 61 a 540 días,
y la multa de entre 11 y 15 UTM”, manifestó el asesor jurídico de la
intendencia, Marcos Loaiza, quien reconoció que “lo más probable es que ninguno
de los eventuales condenados reciba una pena privativa de libertad y no es esa
la intención de esta intendencia, sino recordar a la comunidad que lo que se
persigue es que la gente se manifieste legítimamente”.