La
actividad fue organizada por una mesa técnica encabezada por la
ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Asistieron
magistrados de Punta Arenas, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y
Coyhaique.
La
ministra Chevesich señaló que “si bien esto constituye un avance en los
mecanismos que existen para resguardar con mayor eficacia la vida y la
integridad física y psíquica de la mujer en riesgo, no resuelve el
problema de fondo, toda vez que para prevenir y erradicar la conducta
del agresor se debe realizar un trabajo más profundo que requiere
políticas publicas cohesionadas, visionarias e integradoras”.
La
capacitación fue dictada por profesionales de Gendarmería, quienes
explicaron el funcionamiento del sistema de monitoreo. Por ejemplo, el
uso de tobillera electrónica y del dispositivo de control de monitoreo
que alerta a la víctima y definiciones de pautas de riesgo.
El
juez presidente del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Pablo
Hernández, valoró la posibilidad de imponer sanciones penales en el caso
de manipulación o destrucción del dispositivo: “Nos da seguridad de que
se avanza en concretar la medida”.
El magistrado magallánico agregó que “la ley nos da herramientas
para el cumplimiento efectivo de la medida cautelar más importante en
este tipo de procedimiento, ya que lo que la víctima denunciante busca
es protección real ante un riesgo inminente, y con esto los tribunales
podemos ser activos en fiscalizar y hacer que se concrete una medida que
quedaba supeditada a la voluntad del ofensor o a lo que la víctima
pudiera hacer”.