La propuesta entre otras materias solicita que se adopte en
Magallanes medidas de política pública, de manera que al menos un beneficio de
éstos (bonificación a la contratación de mano de obra) sea transferida directa
y obligatoriamente a la remuneración del
trabajador contratado bajo esta norma de excepción mediante la figura de
asignación de zona, junto con las necesarias exigencias laborales.
En el ámbito público, el Estado desde el año 2008, entrega un bono mensual de $50.000,
reajustables, que busca mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público. En
este contexto, proponemos que este beneficio (asignación de zona del sector
privado) sea transferible a la pensión del trabajador que haya sido beneficiado
por esta asignación al momento de jubilar.
Respecto a la denominada Ley Austral, solicita establecer
condiciones para el proyecto laboral exigido. “Creemos indispensable contemplar la elaboración de un reglamento
como así también, traspasar la responsabilidad de fiscalizar dicho instrumento
a un estamento público que tenga la
facultad y la capacidad de recurso humano para poder fiscalizar dicho proyecto
en su ejecución”.
“En este contexto, creemos necesario extender la solicitud
del proyecto laboral a las empresas que soliciten los beneficios de las leyes
de excepción, bajo la forma de una “cláusula laboral que debiese considerar
estabilidad laboral, pisos mínimos de remuneración, sindicalización
automática, capacitación, higiene y
seguridad, regulación respecto a la traída de trabajadores de otras regiones
del país que en muchas oportunidades vienen en distintas condiciones de
remuneración junto con transgredir las jornadas laborales, entre otras exigible
al momento de postular al beneficio o de renovar su otorgamiento. Así también,
proponemos que estos incentivos sean entregados a aquellos empresarios que
cumplan con la legislación laboral vigente, que no tengan denuncias por
prácticas antisindicales ni juicios laborales pendientes, que respeten la
jornada laboral, la ley de accidentes, el pago de cotizaciones previsionales
(declaradas y efectivamente pagadas),
entre otras.
Respecto al salario mínimo, se
solicita avanzar en la adopción de un sistema de IPC y canasta familiar
regionalizados, con una Ficha de Protección Social adaptada a las condiciones
de vida de la región y sus comunas, con un mecanismo de reajuste regionalizado
de remuneraciones y pensiones.
Finalmente se solicita se elabore
en conjunto a los trabajadores y comité técnico
a más tardar diciembre del 2014 un Proyecto de ley que contemple estas
materias a ser presentado al Parlamento
para su aprobación.