Las nuevas autoridades están poniendo especial atención en descentralizar políticas de seguridad pública. Pero no es una aspiración nueva: para materializarse debiera haber un diseño que se haga cargo de muchas complejidades políticas, técnicas, presupuestarias y administrativas de los municipios del país. El centralismo del país ha sido un constante obstáculo para la problemática de seguridad ciudadana. La delincuencia varía en las distintas regiones y comunas. Los factores que la originan son muy diversos. Por ello, aplicar métodos para combatirlas es difícil, porque la toma de decisiones muchas veces sale desde Santiago. Expertos señalan que las acciones deben apuntar a evitar, mediante intervenciones individuales, la comisión de delitos por parte de personas en riesgo sociodelictual; abordar las oportunidades delictivas configuradas por las características de los espacios públicos, las de ciertos bienes de consumo o las de actividades de personas y del comercio, y perseguir penalmente a quienes cometen delitos graves o con alta frecuencia. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que estas podrán desarrollar directamente, en el ámbito de sus territorios, “el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación”. Otro punto en que no se ha avanzado es el financiamiento para aplicar políticas de prevención del delito. Hoy los municipios del país tienen numerosos problemas y los de regiones deben luchar contra enormes presupuestos, que la centralización del país se los otorga principalmente a las grandes comunas de la Región Metropolitana”.