La popularmente denominada letra chica de las leyes suele jugar malas pasadas a las personas e instituciones. Sin ir más lejos, es lo que les ocurrió a algunas universidades públicas, que por sumarse a la gratuidad no detectaron a tiempo que podían quedar al margen de la ley si crecían en el número de alumnos.
Por una simple razón, la glosa presupuestaria estableció que las instituciones que adscribieran la gratuidad sólo podían crecer como máximo un 2,7 por ciento en la matrícula de primer año en comparación con 2015. No obstante, la Universidad de Magallanes (UMAG) aumentó entre 2015 y 2016, de 1.410 a 1.466 estudiantes, es decir, 56 alumnos más, lo que equivale al 4,0 por ciento, cifra que la pone al margen de lo permitido por la norma.
¿Cómo se explica esto? ¿Por qué se excedió el límite legal? Son las preguntas que Diario El Pingüino le formuló al rector de la UMAG, Juan Oyarzo.
“Efectivamente, ese 2,7 por ciento es lo que el Ministerio de Educación colocó como tope, pero eso es un absurdo, porque resulta que nosotros decimos, por ejemplo, en la carrera “A” vamos a tener una capacidad para recibir a 20 alumnos, pero en 2015 en esa carrera entraron cinco; en el 2016 ingresaron 10 alumnos, es decir, aumentamos el doble. Pero eso no significa que hemos pasado el 2,7 %, porque aún no hemos completado nuestras vacantes”, explicó.
El rector Oyarzo dijo que la cifra indicada por la ley no es la letra chica, sino un porcentaje que se colocó hace bastante tiempo. “Pienso que el 2,7 afecta más a las universidades grandes, a las metropolitanas, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Para nosotros es irrelevante ese porcentaje. Lo que se está pidiendo es que eso se abra un poco, porque si miramos las privadas, éstas aumentaron un 30 por ciento y nadie les dice nada”, manifestó.
La máxima autoridad de la UMAG contó que con justa razón los rectores de la Chile, Ennio Vivaldi, de la Católica, Ignacio Sánchez, y de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, quieren ampliar ese guarismo, porque así pueden captar estudiantes provenientes de las universidades privadas, cuestión que hasta ahora no les ha sido posible.
Acreditación
Otro tema que preocupa a las universidades públicas es el nuevo sistema de acreditación que se propone en el proyecto de reforma a la educación superior, que dice que se deberá asegurar la evaluación de al menos el 30 por ciento de las carreras.
-¿Es viable llegar a esa cifra en la UMAG?
“Sí, claro. Nosotros hemos llegado a tener el 80 por ciento de nuestras carreras acreditadas. Esto es cíclico, por ejemplo, a una carrera la acreditan por tres años y ya debe empezar inmediatamente a prepararse, porque ese tiempo se pasa muy rápido. Ahora, no es un costo menor acreditar, las instituciones que lo hacen cobran 6 millones de pesos por cada carrera. Y si lo multiplicamos por las 30 carreras de la UMAG, no es poco. Con la reforma va a desaparecer esta figura, porque será labor del Estado y, por lo tanto, no deberemos incurrir en esos costos”.