El superintendente de Educación, Alexis Ramírez, visitó Punta Arenas con la finalidad observar en terreno la implementación del nuevo sistema de Admisión Escolar, que comenzó a operar desde este año en Magallanes, que sirvió de región piloto antes de aplicarlo en el resto del país.
En entrevista con Diario El Pingüino, Ramírez se refirió a la Ley de Inclusión y cómo se aplica esta normativa en los establecimientos educacionales. Asimismo, se refirió a aspectos tales como la discriminación y el tránsito de los colegios particulares subvencionados hacia la gratuidad.
– Magallanes es región piloto en la puesta en marcha del nuevo sistema de admisión escolar a los colegios municipales y particulares subvencionados. ¿Cuál es su evaluación del funcionamiento?
“Tenemos una evaluación bastante positiva, hubo un trabajo mancomunado entre el nivel central y el regional para llevar adelante esta primera experiencia de procesos de admisión, en el marco de la Ley de Inclusión. Creemos que las instituciones del sistema de aseguramiento se han coordinado y también han entregado información valiosa de cómo ir ajustando el sistema, que busca tener un vínculo de información directa con la comunidad para que puedan tomar buenas decisiones y facilitar el acceso a la educación en la región y luego en todo el país. Estamos bastante satisfechos con el proceso que se ha llevado adelante acá”
– ¿Qué habría que mejorar luego de esta experiencia piloto?
“Tenemos que ponernos en el lugar de las familias y de las distintas necesidades de información que tienen. Por ejemplo, cuántas vacantes existen para cada establecimiento, cuáles son los derechos que tienen como ciudadanos y cómo usar la plataforma, que debe ser lo más amigable posible para que la utilice cualquiera. Los establecimientos también tienen responsabilidad en la entrega de información y en la organización de sus procesos de admisión. Eso lo estamos afinando para que el sistema funcione de manera simple. Es fundamental llegar a la mayor cantidad de personas que estén en disposición de postular a un cupo dentro del sistema”.
– La Ley de Inclusión obliga a realizar ciertas acciones que aseguren el cumplimiento del objetivo central: la inclusión. ¿Qué se está haciendo en pos de ese propósito aquí en Magallanes?
“La Ley de Inclusión es un marco que busca eliminar la discriminación y sus distintas prácticas, que lamentablemente son a veces parte de la vida cotidiana de nuestro sistema escolar. El objetivo es erradicar eso desde la admisión hasta el término de la escolaridad. Una de esas es el nivel de ingreso de los padres, por eso que se elimina el copago o financiamiento compartido”.
-¿Es eso lo más importante?
“Lo más importante y que va más allá de la ley, es un cambio cultural, es decir, cómo las escuelas y el sistema educativo en general van mirando este proceso desde una perspectiva de inclusión, en el que todos los niños tengan igual oportunidad de aprender en una experiencia educativa de calidad, que les potencie sus capacidades, en un espacio de buen trato y sin discriminación, donde no importe su origen socioeconómico, la religión que profese el niño y su familia o su orientación sexual. Discriminar a un niño por estas características afecta su dignidad como persona. Lo que hace la Ley de Inclusión es poner al centro el interés superior del niño en su derecho a la educación”.
– ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la retención de los niños dentro del sistema escolar para que no deserten?
“El objetivo es que se desarrollen dentro de la escuela, no fuera de ella. Otro aspecto relevante es la regulación de las medidas disciplinarias, por ejemplo, las expulsiones. Antes de la Ley de Inclusión existía una práctica de expulsión por razones que eran muy distintas, algunas que podían ser muy graves y otras que no, terminaban teniendo como respuesta la misma medida. Esa es una de las razones por las cuales muchos niños -algunos de educación básica y hasta de parvularia- terminaban saliendo del sistema”.
– ¿Este tipo de leyes no tienden más bien a uniformar el sistema?
“No, porque en Chile existe la libertad de enseñanza, que está consagrada en la Constitución y permite que los padres opten por determinados proyectos educativos. Es parte de nuestra tradición y se denomina provisión mixta de educación, es decir, existen proyectos de educación públicos y privados, particulares subvencionados y particulares pagados. Cualquier establecimiento educacional tiene la libertad de proponer un proyecto educativo, sólo tiene que cumplir con los requisitos que para el Estado son los mínimos para poder funcionar dentro del sistema. Con la Ley de Inclusión esto no se termina, al revés, se estimula una mayor diversidad”.
– ¿Qué va a pasar con los colegios salesianos magallánicos que antes de diciembre del próximo año deben optar si se suman a la gratuidad para permanecer en el sistema actual?
“El sistema está pensado para permitir que los sostenedores que tienen durante largos años esta visión de la educación puedan continuar con esa función, enfocados en lo que significa el desarrollo de sus fines educativos. Es una decisión que deben tomar varios sostenedores, pero lo que ha estado ocurriendo desde el año pasado es que se han ido moviendo a formar parte de la gratuidad, en la medida que se han dado cuenta de que efectivamente los incentivos y las reglas del juego permiten hacer esta transición de manera normal”.
– Si optan por no hacerlo, ¿qué pasará?
“En Chile existe la posibilidad de ser colegio particular pagado, pero lo que se busca es que los establecimientos que han estado trabajando como particulares subvencionados, a través de estas nuevas reglas del juego, puedan continuar bajo ese régimen. Obviamente, ellos deben tomar la decisión”.
– En este nuevo sistema educativo, ¿qué ocurre con los niños y adolescentes emigrantes?
“Es un tema bien potente para el sistema educacional chileno, por el flujo de emigrantes que han llegado los últimos años. Yo diría que está cambiando la geografía de nuestro sistema, de a poco, pero que ya se nota y también genera desafíos educativos importantes. Por de pronto, si esos niños están dentro del sistema tienen derecho a educarse y poder progresar. Asimismo, cómo las escuelas son capaces de poder entregar una educación pertinente a esa realidad. No una educación sólo para migrantes, sino para que todos los niños puedan aprender. Por eso tenemos que abordar este tema para no producir una nueva segregación dentro de un sistema que ya está segregado”.