Tras el veredicto entregado por la justicia en el caso Timaukel, en el que se absolvió de todo cargo a tres acusados y condenó solo por algunos casos investigados a los otros cinco, el actual alcalde de la comuna fueguina, Alfonso Simunovic, señaló que “del fallo prefiero no opinar, porque ya van dos años de ese proceso y esa es determinación de la justicia. No tengo nada que opinar frente a esta decisión”.
El jefe comunal indicó que tras este millonario fraude a la municipalidad, aún se mantienen deudas producto de la administración anterior: “Todavía seguimos solucionando los problemas que vienen de arrastre. Todavía no se ha podido solucionar lo realizado por la administración pasada, y aún se debe más de 200 millones de pesos”.
Juicio
El juicio por el caso Timaukel, que llevó a ocho personas investigadas por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y estafas por más de 150 millones de pesos, absolvió a tres acusados: Patricio Arteaga Zárate, acusado de fraude y malversación de caudales públicos; Yolanda Pamela Díaz Chacón y Sixto Subiabre Alarcón, absueltos del delito de estafa y de malversación de caudales públicos.
En el caso de los otros cinco acusados, el ex alcalde Atilio Gallardo fue condenado por la justicia como autor del delito de malversación de caudales públicos, pero solamente por tres hechos de menor relevancia y que, casi con seguridad, le aseguran que cumplirá su pena en libertad.
Adán Huenteo Antimán, acusado del delito de estafa y malversación de caudales públicos fue absuelto en cinco hechos, sin embargo fue encontrado culpable de estafa. Néstor Caro Pérez fue condenado en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, al igual que Luis Meriño Lema. Ambos fueron absueltos en otros hechos.
Por su parte, Miguelina Barría Álvarez fue condenada en calidad de autora del delito de estafa en varios hechos investigados, al igual que fue absuelta por otros tantos.
Los acusados absueltos esperarán la sentencia del 1 de octubre a las 16 horas para determinar si demandan al Estado por el daño y perjuicio ocasionado.