Nada
hace presagiar que la discusión del proyecto de Modernización
Tributaria será tranquila. Por el contrario, los diversos actores
políticos, sociales y empresariales ya tomaron posiciones y se disponen a
apoyar, rechazar o modificar, a partir de marzo próximo, el que es
considerado uno de los principales compromisos del gobierno del
Presidente Sebastián Piñera.
De
acuerdo con lo que se ha planteado desde el Ejecutivo, su objetivo es
actualizar el sistema tributario chileno, de manera que sea una
herramienta moderna que permita enfrentar los desafíos de este siglo.
El
proyecto de Modernización Tributaria (MT) que ingresó al Congreso en
agosto del año pasado es uno de los principales compromisos del programa
de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Su
objetivo es actualizar el sistema tributario chileno, de manera que
pueda enfrentar los desafíos que propone el siglo XXI, y según se ha
definido desde el Ministerio de Hacienda, sus ejes son incentivar el
crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro, y el empleo;
hacer el camino más fácil a las pymes y a los emprendedores; respetar la
equidad vertical y restituir la equidad horizontal; otorgar certeza
jurídica y hacer predecible la ley para todos los contribuyentes;
incorporar la nueva economía digital; modernizar la relación del
contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos (SII); y resguardar
los equilibrios fiscales.
Hace
unos días, previo a la finalización del año legislativo, se reunieron
una vez más los equipos técnicos de la oposición y el Ministerio de
Hacienda, con la finalidad de destrabar la votación de la idea de
legislar, que quedó para el próximo mes.
En la argumentación del proyecto, el think tank
Libertad y Desarrollo (LyD) publicó un documento que intenta derribar
los puntos que la oposición acordó transversalmente defender como ejes
básicos para las negociaciones.
Entre
esos puntos, los intransables apuntan a mantener la recaudación
tributaria, por el impacto que tiene la reintegración del sistema
(US$800 millones menos de recaudación) compensado con los US$1.181
millones que el Ejecutivo sostiene que vendrán de la boleta electrónica;
no retroceder en la progresividad del sistema tributario; mejorar el
sistema tributario de las pymes, manteniendo el régimen actual del 14
ter; y crear nuevos instrumentos tributarios en materia regional.
Entre
los puntos más importantes de la argumentación de LyD, se plantea que
el proyecto “contaría con financiamiento asegurado, por lo que no sería
necesario recurrir a fuentes alternativas” como el impuesto a las rentas
más altas; que no se retrocede en progresividad; y que el régimen pyme
del 14 ter vigente no es suficiente para beneficiar a las pymes, por lo
que es necesaria la Cláusula Pyme del proyecto del Gobierno.
Principios DC
El
fin de semana pasado visitó Magallanes el secretario nacional de la
Democracia Cristiana (DC), David Morales, y expuso a Diario El Pingüino
la posición de su partido respecto del proyecto oficialista.
Morales
planteó que “estamos dispuestos a legislar en la medida que el Gobierno
se abra a modificar el proyecto. Y qué hicimos, armamos un equipo que
lleva cuatro meses funcionando y lo integran economistas de la talla de
Alejandro
Foxley, Ricardo Ffrench-Davis, José Pablo Arellano, la coordina Jorge
Rodríguez Cabello, hay una serie de abogados tributaristas importantes,
está el exministro Luis Felipe Céspedes y el exsubsecretario Alejandro
Micco, que fue uno de los autores de la Reforma Tributaria del gobierno
de Bachelet. Este equipo arrojó un informe de 142 páginas, luego de lo
cual nos hemos sentado a conversar con el Gobierno para decirle: esto es
lo que queremos”.
Morales
relató que “nuestra propuesta dice que más que movernos por
instrumentos específicos respecto de la integración y del retiro, nos
vamos a mover por principios. El primero es que la reforma no disminuya
la recaudación, sino que la aumente, y tenemos una estadística que
establece que el proyecto más que recaudar más tributo, va a recortarlo,
sobre todo en el grupo de empresas de gran tamaño. El segundo es que se
respete el principio fundante de la reforma del gobierno de Bachelet,
que es que aquellos que tienen más, paguen más impuestos.
No estamos
disponibles para que las modificaciones al régimen tributario lo que
hagan es que todo lo que se deje de recaudar de las grandes empresas, lo
termine pagando la clase media a través del aumento del IVA. Tercero,
no estamos disponibles para que se reduzcan las tasas de fiscalización
del SII y las atribuciones de los Tribunales Tributarios. Por último,
el cuarto principio es que las medidas que se tomen deben ser pro
crecimiento”.
Simplificar
El
economista magallánico Manuel José Correa sostiene que la modernización
tributaria que plantea el Gobierno no apunta a “reformar la Reforma
Tributaria” de Bachelet, la cual generó enormes controversias,
desincentivos al crecimiento económico y una maraña de disposiciones que
ni los mejores contadores ni el propio Servicio de Impuestos Internos, a
pesar de sus decenas de instructivos, logró aclarar.
“Los objetivos son
diametralmente distintos; por un lado, si la Reforma Tributaria de
Bachelet buscaba aumentar la recaudación fiscal echándole mano al FUT
(Fondo de Utilidades Tributarias), que se calculaba en su histórico en
más de USD250.000 millones, con el fin de financiar la reforma
educacional, en cambio, la Modernización Tributaria de Piñera pretende
incentivar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro y
el empleo”, reflexionó.
De
acuerdo con la argumentación de Moreno, “los elementos pro inversión
están enfocados para que las empresas puedan reconocer mayor gasto en la
etapa inicial de sus proyectos, que normalmente es cuando la empresa
adquiere activos tales como maquinarias. De este modo, las empresas
podrán reconocer como gasto el 50% del valor de los activos fijos, y el
50% restante será bajo la depreciación acelerada”.
No
obstante lo positivo de lo anterior para atraer inversión, “me temo que
mientras no se subsane la condiciones de seguridad, que es exógena a
los proyectos, no tendrá mayor impacto en dicha región. También, la
rebaja de
45% del IVA para la construcción de viviendas para la clase media
debería redundar en reducción de precios de las propiedades afectas a
este crédito especial. Claramente, esta medida conjugada con la
fortaleza del mercado laboral y competitivo acceso al créditos
hipotecarios, incentivará que la clase media pueda acceder a viviendas
entre 2.000 y 4.000 UF”, indicó.
En
los aspectos pro pyme, continúa Moreno, “la MT busca simplificar la
contabilidad de las mismas, así como rebajar en dos puntos (27 a 25%) la
tasa de impuesto sobre utilidades. Uno de los aspectos más
interesantes, se refiere al sistema para pymes (14 ter) que obliga a los
socios a pagar siempre por la totalidad de los ingresos, aunque los
reinviertan en la empresa”.
Asimismo,
adelanta que “sin duda, los detractores de izquierda criticarán estas
medidas y repetirán los argumentos que justificaron la Reforma
Tributaria, pero en realidad aquí se abre una posibilidad para que
empresarios mantengan utilidades en las empresas, lo cual les permite
mejorar su disponibilidad de CT (capital de trabajo), por ende,
financiar su operación e inversiones a menor costo”.
Respecto
de la nueva Defensoría del Contribuyente que crea la MT, que debe velar
por el respeto y observancia de los derechos del contribuyente en su
relación con el SII, junto con incentivar el cumplimiento tributario,
llevando a cabo labores de orientación a los contribuyentes, el
economista magallánico enfatiza que “teniendo hoy un SII que es juez y
parte, la Defensoría del Contribuyente debe ser dotada de las
atribuciones e independencia suficientes para que efectivamente logre
ser un contrapeso real a las determinaciones, en muchos casos,
arbitrarias del Servicio.
Es de esperar que no sea un mero Sernac, que
en su última línea señale que ante una no respuesta de SII, la
Defensoría no tiene ninguna potestad, y los esforzados contribuyentes
que cumplen honradamente con sus obligaciones solo tengan que recurrir
ante tribunales para defenderse de injustas sanciones de SII”.
Semántica
En
tanto, el exbiseremi de Economía y Hacienda de la administración
pasada, Christian García, es tajante al afirmar que “el proyecto de ley
presentado por el Presidente Piñera no guarda relación con el mensaje
que lo acompaña”.
García
dice que “si uno analiza los fundamentos que esboza el Ejecutivo para
defender la idea de modernizar la legislación tributaria, estos
corresponden a dar una mirada de futuro para un Chile que busca el
desarrollo integral, sustentable e inclusivo, con reglas claras y
certeras; acompañado de principios en los que se funda e inspira el
proyecto. Tales principios corresponden a la equidad y justicia en la
distribución de los tributos; simplicidad en las normas y procesos
tributarios; certeza y seguridad jurídica; competitividad; estabilidad; y
suficiencia, a fin de hacer frente a los gastos del Estado”.
El
exbiseremi dice que “al desenmarañar el texto del proyecto de ley, se
aprecia que el principio de equidad y justicia en la distribución de los
tributos, es entendido como rebaja de impuesto para los propietarios de
las empresas más grandes y aumento de la carga impositiva para la clase
media, pues se pretende integrar el sistema de renta, que en términos
muy simples, significa que los principales
accionistas de los conglomerados empresariales determinarán menos
impuestos, mientras que aquellos que usen servicios Uber o Netflix,
tendrán que comenzar a pagar tasas que en la actualidad no existen”.
A
lo anterior, prosigue, “se suma la boleta electrónica, que si bien es
cierto apunta a disminuir la evasión tributaria, es un control que se
ejerce sobre el pequeño comercio y no sobre las grandes empresas, estas
últimas, reguladas por las normas anti elusión que Piñera pretende
eliminar”.
Sobre
las críticas que apuntan a simplificar el sistema, señala que “todos
los sectores estaremos de acuerdo que mientras menos engorroso sea el
proceso de determinar los impuestos, mucho mejor, pero el detalle radica
en que no se está simplificando el sistema, sino que se está volviendo a
aquel que imperaba antes de la Reforma Tributaria de Bachelet, que
tampoco era simple”.
Asimismo, sostiene que la certeza y seguridad
jurídica es un principio presente en todos los actos de la
Administración del Estado, lo que nos diferenciaría de los populismos
latinoamericanos. Sin embargo, expresa, “certeza y seguridad jurídica,
no son sinónimo de barato y simple, pues tal como vimos con el contrato
de concesión de Zona Franca –que ahora paga un precio en términos
absolutos, mucho mayor que en el pasado– la certeza y la seguridad
jurídica tienen que ver con reglas claras, aunque sean más onerosas. La
incertidumbre es no saber cuánto cuestan las cosas, no que las cosas
sean baratas o caras. La certeza tiene que ver con saber que lo que se
hace está correcto, no en obligar a la Administración a que lo que hago
como particular sea siempre lo correcto”.
En
cuanto a la competitividad y estabilidad, dice que no hay que olvidar
que las inversiones se hacen cuando el ambiente para realizar actividad
económica es saludable. “De nada sirve que los factores productivos sean
baratos si no existe abundancia de ellos, continuidad en su suministro y
un clima social que no acarree constantes paralizaciones y conflictos.
Otra vez me debo remitir a lo que aconteció con Zona Franca: hoy los
usuarios pagan tarifas más caras que antes, pero
hay estabilidad para que se respeten sus inversiones y puedan
proyectarse en el largo plazo, siendo todavía competitivos respecto de
las grandes tiendas que no operan dentro del recinto franco. Chile
necesita estabilidad, que va acompañada del suministro de las
prestaciones sociales por parte del Estado. También se requiere
competitividad, pero ello estará dado por la calidad y especialización
de su capital humano y no porque los impuestos sean una ganga”.
Sobre
la suficiencia para hacer frente a los gastos del Estado, su
diagnóstico es que “los gastos del Estado bajarán porque se han ido
desmantelando obras emblemáticas para las regiones, como el Centro
Antártico Internacional, la dársena y el estadio techado”,
concluye García.
Razones de Corbo
Sobre este tema, el reconocido economista Vittorio Corbo escribió
en El Mercurio que “hay una buena oportunidad en el intento del
Presidente de llevar a cabo una modernización del sistema tributario,
que recaude un monto similar al actual, pero con menos distorsiones, con
un menor sesgo contra la inversión
y el crecimiento, con un menor costo de cumplimiento, con menos
posibilidad de elusión y que, en el margen, mejore la distribución del
ingreso”.
Para
ello, sugiere Corbo, “lo recomendable es volver a la integración plena
del impuesto corporativo y el personal. Con respecto a la base de la
tributación, esta debiera ser sobre utilidades distribuidas para así
promover el ahorro y la inversión, sea esta en la misma empresa o en la
economía en general”.
@JoséBenítez