La
decisión del Gobierno Regional de perseverar en su decisión de
construir un aparcadero para vehículos del transporte de carga en Punta
Arenas tiene dividido al sector.
El
jueves, un grupo de transportistas se movilizó y efectuó una
manifestación frente a la Intendencia para manifestar su molestia por la
medida y pedir el apoyo del Gobierno, con el objeto de enfrentar la
dura competencia que representa la operación de las grandes cadenas de
transporte nacionales.
Ante
esto, el seremi de Transportes, Marcos Mella, manifestó la voluntad del
Gobierno de apoyar a los transportistas para generar mayores niveles de
competitividad en su gestión. “Nosotros lo que tenemos que hacer es que
se den las mejores condiciones para el diálogo. La intendenta María
Teresa Castañón los recibirá el lunes 20 para escuchar sus propuestas y
nosotros nos reuniremos con ellos en mesas de trabajo sobre temas
específicos, como las leyes de excepción o el tema de cooperativas”.
Grave situación
Aunque
las posiciones sobre el aparcadero están divididas, las voces en contra
son importantes entre los transportistas. Carlos Estrada, empresario
regional del sector, declaró enfáticamente ayer que “el Gobierno no
puede estar subvencionando la actividad de grandes empresas nacionales y
en este caso, esta acción lo que va a generar es un grave perjuicio
para las empresas de la zona”.
Estrada
denunció que las grandes cadenas de transporte nacional están
subcontratando a pequeños empresarios regionales, a los cuales exigen
condiciones que, forzosamente, los llevan a incumplir con la normativa
laboral, por ejemplo, el transporte de mercadería entre Santiago y Punta
Arenas en tan sólo 72 horas. “Ellos no pueden alegar que ese transporte
se hace por territorio argentino, porque si yo le exijo a un chofer que
esté en Buenos Aires en dos días, a mí me multan”.
Estrada
sostiene que “las grandes empresas le cortan la cola a los pequeños
empresarios locales, es decir, si Nazar le cobra $3 millones 200 mil a
una cadena de supermercados por un flete, luego Nazar le paga tan sólo
$2 millones 200 mil al empresario regional y eso es
aprovecharse de los más pequeños que no pueden financiar esos costos y,
además, destruye toda posibilidad de competencia. Además, las grandes
empresas están todas relacionadas y no dejan que otros actores
regionales se incorporen, aunque ofrezcan precios más competitivos”.
Pedro Escobar